A raíz del reciente acuerdo firmado por YPF y Chevron, ha resurgido el debate acerca de la pureza ideológica del modelo económico que viene siendo implementado por el gobierno nacional tanto como de la conveniencia de la llegada de los inversores extranjeros.
A partir de los años noventa se produce un incremento significativo en los flujos de inversión extranjera directa (IED) a nivel global que, entre otros países, beneficia a la Argentina. Indudablemente, el esquema sustitutivo de importaciones entonces vigente mostraba signos evidentes de agotamiento, y las recurrentes crisis eran muestra de ello. A nivel macro, la situación se hallaba signada por una fuerte inestabilidad, agravada por la presencia de un fuerte endeudamiento y una creciente inflación.
En términos sectoriales, las empresas prestadoras de servicios públicos se mostraban fuertemente descapitalizadas, imposibilitadas –vía restricción fiscal- de hacer frente a las (necesarias) nuevas inversiones. El esquema tarifario entonces vigente se mostraba incapaz de modificar el citado cuadro. La situación se agrava aún más en 1989, con el desencadenamiento del proceso hiperinflacionario. Ante este marco poco auspicioso, tanto desde el punto de vista macro como microeconómico, el gobierno del Dr. Carlos Menem lanza un ambicioso proceso de privatizaciones. Iniciado de manera algo desordenada, mostrará posteriormente varias falencias.
En particular, las autoridades económicas consideraron que dicho esquema resultaba el indicado para así reducir la deuda externa. Dicha visión influyó sobre la orientación que tomarían las privatizaciones, lo cual termino priorizando una suerte de “inversión de portfolio” por sobre consideraciones de carácter real. Así se terminaría de configurar una estructura de tipo dual, con un sector operando los servicios públicos, que no enfrentaba grandes amenazas competitivas y gozaba de alta rentabilidad, mientras que el restante, vinculado a la industria tradicional, de pronto se veía sometido a la regla disciplinaria de la apertura y sujeto a un esquema cambiario rígido. La situación para las empresas privatizadas cambió, y de manera radical, con la crisis de la convertibilidad.
La fuerte devaluación generada por la salida del esquema de caja de conversión generaría, sin embargo, un profundo cambio en los precios relativos de la economía, lo cual terminaría beneficiando a la producción industrial tanto como al consumo. Por otro lado, el ascenso económico de China e India impulsa la demanda por bienes primarios (alimentos, energía y minerales), aspecto que termina por redefinir el modelo económico. Así, se termina de perfilar un modelo basado en la explotación de los recursos naturales, y que explica la creciente concentración que evidencia las exportaciones argentinas (soja y derivados, petróleo y productos minerales).
El cambio también se observa al analizar los flujos de IED entrante, gran parte de los fondos ahora se dedican a las actividades de explotación minera. Si se consideran los montos ingresados en el período 2005-2011, los flujos de capitales asociados con esta actividad ocupan el segundo lugar1. Que el gobierno haya mantenimiento del esquema regulatorio introducido en los 90s ha incidido, sin duda, en el protagonismo que ha generado dicho sector – comportamiento político a todas luces paradójico, sin duda. Al analizar el interés de los inversores tampoco debe minimizarse el efecto generado por el fuerte incremento en los precios de los minerales.
Pero, independientemente de los motivos, a priori resultaría difícil de catalogar (a este tipo de inversión) como algo deseado ó perjudicial para el desarrollo del país. Si se cumplieran los requisitos medio-ambientales tanto como se respetarían las demandas de las comunidades originarias, ello no tendría nada de reprochable (aunque en la práctica parecería que las dudas persisten en ambos frentes). Por otro lado, si se reconoce que la riqueza es del soberano (Nación o Provincia, según el caso), solo quedarían por observar las condiciones económicas en las que fue pactada la explotación del recurso. Así, las desventajas se agravan cuando las ventajas para los inversores resultan excesivas, pues lo que se deprecia con la explotación no se renueva.
Si se considera que las regalías, impuestos y tasas que gravan a la actividad afectan a la rentabilidad que goza una industria, entonces también podría plantearse que esta última refleja (grosso modo) las ventajas que eventualmente se encuentra obteniendo dicho sector. Según datos del Banco Central de la República Argentina, las inversiones del sector minero son las que reportan los mejores niveles de rentabilidad sobre el patrimonio neto durante gran parte del período analizado.
Cuadro: Rentabilidad sobre el Patrimonio Neto, principales sectores
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