Desde principios de 2002 hasta nuestros días gobernó la Argentina el mismo partido político. De manera sistemática y decidida –a juzgar por la distancia con la oposición– la ciudadanía le confió las riendas del país y, obviamente, también de la economía, al partido justicialista. Un economista extranjero que desconociera el país probablemente tendería a asumir sin más que la orientación de las políticas económicas debe haber sido más o menos la misma durante todo este tiempo, dado que el partido de gobierno no cambió. Más allá de lo sensato de esta hipótesis, no obstante, encontrar cuál fue esa orientación no le resultaría nada sencillo.
Entre 2002 y 2007 el gobierno buscó desendeudarse, generó superávit fiscal, convalidó un tipo de cambio real muy competitivo y mantuvo sin cambios varias reformas noventistas, como el régimen de pensiones y la propiedad de YPF en manos extranjeras. Asimismo, también conservó costumbres que compartíamos con otras sociedades modernas como lo es la de informar de manera transparente y confiable la evolución de la inflación y del PBI. A partir de 2007, sin embargo, hubo cambios significativos: desde la reversión de reformas de los noventa –estatización del sistema de pensiones, cambio de propiedad de YPF, falta de independencia del Banco Central– hasta la pérdida de confiabilidad del INDEC y mudanzas en la política macroeconómica de corto plazo: creciente apreciación del tipo de cambio, aceleración de la inflación y de los aumentos de salarios.
Un hecho que podría confundir aún más a un economista extranjero es que, por un lado, casi todas las reformas que se fueron revirtiendo en los últimos años habían sido implementadas también por el partido justicialista en los noventa y, por otro, algunas de las reformas introducidas durante el breve interregno radical, como el impuesto a los salarios y el impuesto al cheque, no se cambiaron o lo hicieron sólo marginalmente.
Vivir con lo nuestro
¿Hay que concluir entonces que no es posible identificar una línea de coherencia en las políticas de la última década? No necesariamente. Podría argumentarse que una línea de política económica que se mantuvo de forma bastante consistente es la de tratar de "vivir con lo nuestro". La evidencia en favor de esta hipótesis es amplia.
Primero, entre 2003 y 2009 la Argentina generó superávit de cuenta corriente de forma continua. Esto implica que vivió con lo suyo y le sobró plata.
Segundo, entre 2010 y 2013 la economía generó déficit de cuenta corriente. Pero ese déficit se financió largamente utilizando reservas que había acumulado gracias a los superávit de cuenta corriente anteriores. Por lo tanto, se prefirió perder reservas y vivir de lo propio antes que recurrir al endeudamiento para financiar el déficit de cuenta corriente.
Tercero, las autoridades también han estado utilizando las reservas del Banco Central para repagar deuda externa. Como no tenía fondos para comprarle al Central esas reservas, la tesorería le fue dejando a cambio pagarés, lo cual obviamente debilitó sensiblemente el respaldo del peso. Así, al no dudar en debilitar la moneda, el gobierno demostró que para vivir con lo propio estaba dispuesto a pagar el costo político de aumentar la inflación y bajar el ingreso disponible de la población por la vía de incrementar el impuesto inflacionario.
Cuarto, hacia 2011, cuando los dólares empezaron a escasear marcadamente de la mano del déficit de cuenta corriente y de la caída de reservas, las autoridades no dudaron en tomar las medidas que fueran necesarias para obligar incluso a quienes no lo desearan a financiar la política de vivir con lo nuestro. Específicamente: (a) se colocó un cepo que prácticamente impide el ahorro en dólares del sector privado; (b) se atrasó fuertemente el tipo de cambio real, lo que equivale a que el Central pueda comprar dólares baratos a los exportadores; (c) se obstaculizó sensiblemente el envío de dividendos al exterior, lo que implicaba condenarse a vivir sin inversión extranjera directa; (d) se reprimieron las importaciones a través de la administración de permisos previos, lo que era inevitable con un dólar barato que incentivaban las compras externas; (e) se instituyó un impuesto al turismo y a los automóviles de alta gama. Tanto estos impuestos como la represión de importaciones generan proteccionismo y el proteccionismo nos obliga a vivir con lo nuestro.
A medida que se fueron acentuando las medidas de intervención en el mercado de divisas y se pasó de superávit a déficit fiscal, fue quedando claro que la política de vivir con lo nuestro y repagar deuda sería crecientemente financiada por el sector privado, ya que el sector público seguía pagando deuda pero sin hacer el esfuerzo de ajustar su propio gasto. Si la política de vivir con lo nuestro era consistente cuando el gobierno tenía superávit, estaba dejando de serlo al crecer el déficit y no mostrar el gobierno ninguna voluntad de reducirlo. Bajo estas condiciones, el sector privado sólo podía anticipar una mayor presión tributaria y mayores restricciones en los mercados de divisas. Que la inversión se haya desplomado y apareciera un mercado de dólares paralelo a medida que esto iba ocurriendo no puede sorprender a nadie.
El fracaso de las negociaciones con los holdouts y el cambio de estrategia
A fines de 2013 era evidente que la estrategia de vivir con lo nuestro financiada por el sector privado era insostenible: la creciente presión sobre el sector privado estaba llevando la economía a la recesión y el atraso cambiario ponía una presión insoportable sobre el mercado de cambios. La opción era obvia: o ajustaba el sector público o se conseguían más dólares para financiar el desequilibrio manteniendo el statu quo.
Dado este escenario, en los primeros meses del 2014, por primera vez, las autoridades comenzaran a cambiar la estrategia de vivir con lo nuestro. Con el objetivo de acceder nuevamente al crédito externo se dieron pasos decididos, como el rápido arreglo con YPF y con el Club de París. Así, parecía que a los ojos de las autoridades, "vivir con lo de otros" sería el mal menor si permitía mantener el nivel de actividad y evitar el ajuste fiscal.
Esta novedosa estrategia, no obstante, se frustró casi al nacer debido a la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a tratar el caso argentino y obligó a las autoridades a improvisar sobre la marcha. El hecho de que el país no acordara con los" fondos buitre" implica que no habrá acceso al crédito para financiar pagos de deuda y de importaciones y que durante el segundo semestre se agudizará la restricción externa que había puesto ya a la economía en recesión. En realidad, es seguramente este negativo panorama el que ha llevado a que las autoridades estén tratando de convertir la necesidad económica en virtud política. Si hay que pagar el costo de más recesión y más inflación, que la culpa sea de los otros: "patria o buitres". La historia parece amar los giros perversos: como no logramos normalizar las relaciones financieras externas, ahora los mercados de capital global tienen la culpa de la recesión porque al cortarnos el crédito nos obligan ... a vivir con lo nuestro.
En realidad, la restricción externa es tan fuerte que incluso lo de vivir con lo nuestro quizá brinda una visión optimista. En efecto, la frase "vivir con lo nuestro" fue popularizada por el economista Aldo Ferrer, quien la utilizó como título de un libro que publicó en 1983. Allí argumentaba en favor de movilizar los recursos propios como forma de desarrollarse en el mundo global. Como Ferrer enfatiza que es central movilizar los recursos propios, la estrategia de "vivir con lo nuestro" que ha estado siguiendo el gobierno sólo está en línea parcialmente con la idea de ese economista. Si bien los argentinos hemos estado viviendo con lo propio desde el punto de vista financiero, también es cierto que se ha estado lejos de cumplir con el requisito de movilizar los recursos. Luego de una década de "vivir con lo nuestro", la tasa de inversión y ahorro se ubicó en 2013 en el 17% del PBI. Esto se compara muy mal con las economías emergentes que crecen, que invierten entre 27% y 30% del PBI. Para no hablar de China que invierte bien por encima del 40%. Con una inversión famélica es muy difícil vivir con lo de uno. Y también vivir pidiéndole a otros: ¿quién le va a prestar a un país que no invierte lo que pide, de forma de generar ingresos para devolver el préstamo en el futuro?
En este punto, y para evitar agregar complejidad al pensamiento nacional que, como la literatura de Borges, ha mostrado siempre una cierta fascinación por los laberintos, quizás sería bueno utilizar la navaja de Occam y caracterizar la estrategia de política económica actual estrictamente en función de lo que se ve. Y lo que se ve es que el gobierno se está preparando para vivir con lo que tiene: sin crédito, sin usar reservas y sin aumentar inversiones. Y como lo que hay es lo que se ve y más no va a haber quizás lo mejor sería decir que las autoridades están pasando de la estrategia de "vivir con lo nuestro" a la de "vivir con lo puesto".
Los riesgos de vivir con lo puesto
Consideramos que las novedades de política económica que se están produciendo en estos días son consistentes con la hipótesis de que: (a) el gobierno se prepara para vivir con lo puesto; (b) está dispuesto a tomar riesgos para hacerlo. Los siguientes puntos son relevantes para interpretar la coyuntura desde esta perspectiva.
Primero, la dicotomía "patria o buitres" necesita de hechos políticos para validarse como una realidad objetiva. Esto obligará a que las autoridades sobreactúen el rol de defensa de lo nacional. Se puede interpretar como evidencia en este sentido la amenaza de aplicación de la ley anti-terrorista a actividades de orden empresario, como se hizo –aunque luego se desmintió– en el conflicto que involucra a la imprenta extranjera Donneley. También en esta línea hay que interpretar el discurso presidencial que anunció el envío de una ley que habilita el cambio de lugar de pago de Nueva York a Buenos Aires y la reapertura del canje. Esto aleja aún más la posibilidad de que se vuelva a negociar en enero luego de caída la cláusula RUFO y reafirma que se prefiere incluso prescindir del crédito si es necesario para reforzar la dicotomía patria o buitres.
Segundo, la oferta futura de dólares se seguirá reduciendo. No sólo porque no habrá crédito sino también porque ha caído el precio de la soja de manera significativa y la debilidad de la economía brasileña anticipa que las exportaciones a ese país no se recuperarán. En este contexto, no hace falta haberse desvelado leyendo a Adam Smith para deducir que habrá un exceso de demanda de dólares y que ello implica o bien que el precio del dólar deberá subir o bien que las autoridades tendrán que hacer más estricto el cepo, incluyendo mayor represión de importaciones. Si ocurre esto último, habrá escasez creciente y faltante de productos. El envío de la ley de abastecimiento al Congreso es consistente con esto. Probablemente las autoridades anticipan que necesitarán poder de policía para que la consigna "patria o buitres" no devenga en "patria o papel higiénico", como en la experiencia venezolana. Si nuestra oferta es escasa, vivir con lo puesto implica vivir con menos y, si no se deja que el aumento de precios ajuste la oferta con la demanda, la única alternativa es intervenir para racionar con mecanismos administrativos.
Tercero, bajo estas condiciones, el gobierno no tiene margen político para ajustar el déficit fiscal y tratará, dentro de lo que pueda, de introducir medidas puntuales anti-cíclicas. Con exportaciones en caída y sin crédito externo para financiar las importaciones, el nivel de actividad y el ingreso de los trabajadores tenderán a caer y los despidos y la calidad del empleo tenderán a empeorar. A esto hay que agregarle la presión proveniente de las necesidades de las provincias que planeaban endeudarse en dólares y ahora no podrán hacerlo. Así, las autoridades deberán soportar la presión continua de conflictos y reclamos salariales y de las provincias. En este contexto, si por ejemplo se corrigieran los subsidios a la electricidad –lo que es vital para reducir el déficit–, seguramente se acelerarían la inflación y caerían los ingresos privados a corto plazo. Por ello, aún cuando el déficit fiscal vaya desequilibrando más y más la macroeconomía, si la situación no se desmadra totalmente, el gobierno no tendrá incentivos políticos suficientes para ajustar: profundizaría la recesión y se debilitaría políticamente de la mano de los conflictos y ello no haría que aparezca el crédito. Típicamente, el incentivo que un gobierno tiene para ajustar es que los mercados o el FMI le den como premio más crédito para suavizar el ajuste. El gobierno está condenado a vivir con lo puesto, con o sin ajuste. Por ello sigue expandiendo el gasto público muy por encima de la inflación (el gasto subió bien por encima del 50% a junio) y toma iniciativas como reducir la tasa de interés en un punto, reciclar el CEDIN, etc., que son intentos relativamente heroicos por apuntalar el nivel de actividad.
Cuarto, más allá de los esfuerzos del gobierno, habrá fuerzas empujando a la economía a la recesión de forma permanente. Hay varias razones. La primera es que la restricción externa luego del fracaso en la negociación con los holdouts es sustancial. La capacidad para importar es muy baja y por lo tanto si el producto se expandiera, subirían las importaciones. Segundo, como el gasto público sube más que la inflación, ello implica que el gasto público sigue desplazando al gasto privado. Y lo desplaza para financiar subsidios a la compra de importaciones de energía, con poco efecto multiplicador. Tercero, la emisión monetaria y la restricción a las importaciones (que baja la oferta agregada) acelerarán la inflación, con caída de los ingresos de la población. Cuarto, según la última medición el desempleo subió al 7.5% al tiempo que la participación y la tasa de empleo cayeron. En un contexto de aumento del desempleo, mientras los desempleados no gastan, los particulares restringen el gasto por temor a quedar desempleados o a ser suspendidos.
La pregunta central de la coyuntura es, entonces, ¿cuáles son los riesgos si la economía sigue una trayectoria como la actual signada por la recesión, la inflación, el intervencionismo creciente y la falta de ajuste fiscal?
Riesgo 1: aceleración de la inflación. Si el gobierno no ajusta el déficit necesita seguir emitiendo dinero. La tasa a la cual debe emitir es incompatible con una inflación que se mueva en un entorno incluso del 35%, que es la inflación anualizada de julio, según el Congreso. Para evitar que la oferta monetaria aumente por efecto de la emisión para financiar el déficit, el Banco Central debería seguir colocando LEBACS y otros instrumentos para absorber base monetaria y ello lo obligaría a subir fuertemente las tasas de interés, exactamente lo contrario de lo que hizo este mes el gobierno. Nótese que para el año que viene el gobierno debería emitir aún más que ahora sólo por la fuerte caída en los ingresos por retenciones a las exportaciones de soja cuyo preció cayó.
Riesgo 2: profundización sensible de la recesión. Los componentes de la demanda agregada son el consumo, la inversión, las exportaciones y el gasto público. Los tres primeros ya están cayendo y no se puede esperar que mejoren. El consumo sufre con ingresos reales de la población en baja por la recesión; la inversión es muy débil en un clima de inversión que empeora por el intervencionismo y los holdouts. Las exportaciones tienen pronóstico reservado: la soja y Brasil no ayudan como ya se dijo y el gobierno sigue corrigiendo el dólar por debajo de la inflación, con lo que se está perdiendo parte de lo ganado por la devaluación de enero, mientras sube el precio del gas oil y el transporte, erosionando los retornos en el campo y las economías regionales. Si la demanda agregada cae, no es posible que el nivel de actividad se mantenga.
Riesgo 3. Ampliación de la brecha cambiaria y depreciación desprolija. La emisión monetaria no sólo empuja a la inflación. Los pesos que emite el gobierno para financiarse también se usan para comprar dólares en el mercado paralelo. Asimismo, si la tasa de interés sobre las LEBACs no satisface los niveles que demanda el mercado porque el gobierno las baja para reactivar la economía, se corre el riesgo de que una parte de la gran cantidad de letras que ya tienen los bancos no se renueve, lo cual equivaldría a aumentar aún más la oferta monetaria. De esta forma, la combinación de alto déficit fiscal con tasas bajas es inconsistente con una brecha cambiaria bajo control. Si la brecha se dispara excesivamente, el gobierno se podría ver en la necesidad de acelerar la depreciación del dólar oficial de manera desprolija, como lo hizo en enero. Por ahora ignora el problema y emite. Es más, las autoridades parecen resignarse a vivir con una presión constante sobre el dólar paralelo. Las declaraciones de Capitanich igualando la cotización de este dólar con el de la cocaína se mueve en ese sentido: el gobierno no puede eliminar el hábito, lo máximo que cabe esperar es que no contribuya a difundirlo.
En conclusión, la restricción de tener que vivir con lo puesto deja hoy muy pocos grados de libertad para maniobrar sin aumentar al mismo tiempo los riesgos de un desmadre de la inflación, la recesión o el mercado de cambios. El gobierno está hoy por hoy tratando de suavizar la recesión y el desempleo a costa de aumentar los riesgos. Se esperaba que esta situación mejorara en enero próximo si luego de vencida la cláusula RUFO se encontraba una salida al actual de impasse y se accedía al crédito. Pero aún en ese escenario, se habrían acumulado seis meses más de desajuste macroeconómico y de precios relativos. Sería como en enero de 2013, pero más difícil. El discurso anunciando el cambio del lugar de pago no sólo eliminó con alta probabilidad esta posibilidad sino que, además, aumentó el riesgo de que algunos acreedores opten por acelerar los pagos de la deuda. Si esto último ocurre, habrá que prepararse para vivir incluso con menos que lo que tenemos puesto por un tiempo porque el nivel de actividad va a caer más y el desempleo va a subir.
