La coyuntura presenta una serie de desequilibrios fiscales y monetarios que son difíciles de manejar en un contexto en que las perspectivas de crecimiento son mediocres y en el que los conflictos distributivos son de significación, como lo muestran los paros docentes o la dificultad para cerrar las paritarias en línea con los porcentajes deseados por las autoridades. Tampoco ayuda a reducir la incertidumbre sobre el rumbo futuro el hecho de que la marcha del juicio con los “fondos buitre” haya tomado un rumbo poco favorable para nuestro país que se ha reflejado en el castigo al valor de los bonos y un incremento del riesgo país.
Las tasas de crecimiento “chinas” con sólida generación de empleo en el sector privado que se observaron sólo hace unos pocos años parecen hoy una realidad lejana e, incluso, ajena; de otro tiempo. ¿Qué cambió en este período para que se produjera un vuelco tan significativo? La respuesta corta es que desaparecieron los superávit gemelos, fiscal y de cuenta corriente y ello dejó a las autoridades con muy poco espacio para hacer política económica.
La forma más simple de comprobar que las autoridades cuentan con pocos instrumentos para hacer política es constatar que todas las esperanzas para sostener el crecimiento este año están centradas en factores externos: que la cosecha sea buena y los precios se mantengan y que Brasil crezca, si es posible con un real apreciado.
Otra forma de constatar que no hay instrumentos disponibles es comparar 2013 con 2009. Ambos son años de elecciones de medio término y en ambos están presentes fuerzas recesivas, particularmente en lo referido a la inversión. Sin embargo, mientras en 2009 se implementaron medidas fiscales anti-cíclicas audaces, no está ocurriendo lo mismo en la actualidad. Ello se debe, simplemente, a que el gobierno se quedó sin poder de fuego. En los períodos previos a 2009 el sector público había estado generando superávit y la cuenta corriente era muy positiva. En 2013 esos superávit gemelos desaparecieron. En 2012 hubo déficit fiscal y la cuenta corriente tuvo que ser apuntalada con un superávit comercial que sólo se logró a los palos: reprimiendo importaciones en un contexto de caída de las exportaciones. Además, hubo que racionar los dólares para turismo y mantener bien apretado el cepo para los ahorristas y el giro de dividendos de las multinacionales.
Un signo claro de que las políticas implementadas no están siendo eficaces para desarticular los desequilibrios es que el Banco Central no estuvo en condiciones de mantener las reservas: el cepo no pudo parar la hemorragia de depósitos en dólares y hubo una fuerte caída en el crédito externo al sector privado. Además, las autoridades siguen dedicando ingentes cantidades de dólares al repago de deuda externa y de intereses de la misma. En este sentido, si bien es una consecuencia natural de las políticas económicas implementadas, es bastante paradójico que un gobierno que enfatiza en el discurso la necesidad de ocuparse del sector productivo, reprima el pago de dividendos de las multinacionales mientras paga religiosamente los intereses de la deuda. Una victoria algo pírrica del capital financiero sobre el productivo, que hace poco sorprendente que sea tan trabajoso atraer inversiones externas en energía, a pesar de Vaca Muerta.
Una restricción adicional que encuentran las autoridades a la hora de diseñar estrategias para atacar los desequilibrios es que se trata de un año electoral. Siempre es poco atractivo realizar ajustes macroeconómicos, pero en un año electoral lo es mucho más. Bajo estas circunstancias, las medidas que ha ido tomando el gobierno revelan que su estrategia está centrada en el objetivo de mitigar y manejar los desequilibrios antes que intentar resolverlos. Así, al elegir instrumentos de política para apaciguar las consecuencias más negativas de los desequilibrios, se prioriza el objetivo de minimizan el costo político, aún cuando mitigar los síntomas a corto plazo no resuelva o incluso agrave los desbalances. Sobresalen en este sentido dos medidas: el cepo cambiario y el congelamiento de precios. Al costo de crear una brecha cambiaria que antes no existía se logró parar la salida de capitales, aunque no recuperar reservas. Al costo de crear el problema del “día 61” y de incurrir en el riesgo de desabastecimientos y profundización en la distorsión de precios relativos, se logrará probablemente mostrar números de inflación algo mejores por un cierto período.
Sería probablemente ingenuo pensar que las autoridades no perciben que la alta inflación, la ampliación de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, la caída de depósitos en dólares o los conflictos salariales se originan en desequilibrios profundos que no se solucionan con intervenciones discrecionales. Sería ingenuo, asimismo, pensar que no se percibe que es inconsistente emitir dinero a tasas anualizadas superiores al 35% mientras se decreta un congelamiento y se confía que el exceso de oferta no presione sobre la brecha cambiaria. Una de las lecciones más importantes que la ciencia política le brindó a la economía es que muchas decisiones que parecen poco racionales desde el punto de vista económico, son coherentes cuando se toma en cuenta la racionalidad política. Así, quizás lo más sensato sea asumir que el gobierno no ignora que tarde o temprano deberá atacar los desbalances fiscal y externo, pero: (a) considera políticamente óptimo ajustar la macroeconomía tarde y no temprano; (b) el punto que separa “tarde” de “temprano es el acto eleccionario.
Si lo anterior es una conjetura correcta, la pregunta crucial en la coyuntura es si las medidas paliativas que están siendo implementadas serán efectivas para posponer las medidas correctivas y permitir que el ajuste se haga tarde y no temprano.
Los elementos que juegan a favor son los que inciden positivamente sobre las cuentas fiscales y la oferta de dólares. En el plano fiscal hay pocos elementos que podrían cambiar el statu quo. Es difícil que haya una moderación sustancial en el gasto público en un año electoral, aunque el gobierno está haciendo algunos esfuerzos por controlar la evolución de los salarios y las transferencias a provincias. La recaudación es de esperar que se comporte en línea con el nivel de actividad. Si bien se espera un crecimiento superior al de 2012, la recuperación será mediocre. En el plano externo, puede haber noticias mejores, como se dijo, de la mano de Brasil y una mayor entrada de dólares.
Entre los elementos que jugarán en contra de la estrategia de posponer las correcciones necesarias se destacan dos. El primero es la falta de consistencia entre el nivel de emisión necesario para financiar el déficit fiscal y la inflación. Hasta ahora, el exceso de emisión monetaria por encima de la inflación se reflejó en una caída de la velocidad de circulación del dinero. Como es difícil pensar que la demanda de dinero está aumentando en un contexto de incertidumbre, la caída en la velocidad es más bien la consecuencia de que es poco lo que se puede hacer con el dinero, dado el cepo. Pero lo cierto es que una acumulación de liquidez tan importante representa un riesgo grande: si parte del exceso de liquidez se utiliza para hacerse de dólares, la brecha cambiaria puede aumentar fuertemente y, con ello, la presión del tipo de cambio sobre la inflación. Todos los dólares adicionales que provengan de la mejor cosecha y de Brasil contribuirán a reducir este peligro. Todos los pesos adicionales que se emitan si el gobierno aumenta el gasto en el período electoral, contribuirán a agravarlo.
El segundo factor tiene que ver con los ingresos asalariados y el empleo. La inflación está erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores y de los subsidios sociales que otorga el Estado y la economía no está generando empleo. Si el gobierno logra poner en caja la negociación salarial y controla el gasto, aumentarán los conflictos distributivos y ello se notará “en la calle” y en el nivel de actividad. Si se compensa la inflación con mayores aumentos salariales y en subsidios, la inflación y la emisión serán más alta, habrá más incertidumbre y menor creación de empleo. Nuevamente, la cosecha y Brasil son factores que mitigan este efecto si mejoran los niveles de actividad.
A la luz de estas tensiones en un año electoral, es bueno no perder de vista lo que la economía tiene para aportarle a la política: no todo lo que se considera correcto desde el punto de vista de la racionalidad política es económicamente factible. Aún si desde una perspectiva algo voluntarista se considera que la economía debe ser la esclava de la política, hay que considerar que ningún esclavo puede trabajar si no duerme. Aún algo tan nefasto como la esclavitud tiene sus límites y los límites de la economía están dados por las consecuencias de largo plazo de las malas decisiones de corto.
Aún aceptando que es cierto que la economía le pone límites a la política, podría argumentarse que si esos límites son a largo plazo, es factible dejar que los desequilibrios se agranden hoy por razones políticas y ocuparse de ellos a largo plazo. Es un razonamiento válido. Pero aplicado a la situación actual el argumento tiene un problema: en la Argentina el largo plazo ya llegó. Es hoy. Los desequilibrios que estamos observando se han generado, justamente, como consecuencia de que no se hicieron las correcciones necesarias en los años anteriores. Más específicamente. Primero, los superávit gemelos desaparecieron porque se mantuvieron durante mucho tiempo políticas energéticas y subsidios insostenibles. El superávit de energía se transformó en déficit y hoy se requieren ingentes cantidades de dólares, que se ubican cómodamente en el entorno de los 5.000 millones de dólares. Los subsidios a la energía y el transporte le hacen gastar al sector público sumas que se acercan a un 4% del PBI. Segundo, el tipo de cambio real y los precios relativos están muy desalineados porque se mantuvo por un período excesivamente prolongado la utilización de una corrección cambiaria insuficiente como modo de anclar la inflación. Tercero, la emisión monetaria es la única forma de financiamiento a disposición del gobierno porque hace tiempo que se abandonaron los esfuerzos por construir la credibilidad necesaria para acceder nuevamente a los mercados voluntarios de deuda.
En suma, como los desequilibrios se anticiparon hace años como fuentes de problemas de largo plazo y no se actuó en consecuencia, el largo plazo llegó, y las autoridades se quedaron sin margen para implementar políticas anti-cíclicas en un año electoral. La posibilidad de hacer política anti-cíclica es el regalo de largo plazo que la buena administración económica le hace a la política.