Las economías del mundo desarrollado siguen produciendo indicios de que estarían encontrando un piso algo más firme a partir del cual comenzar una recuperación. Entre esos indicios sobresale el hecho que, algo inesperadamente, Francia y Alemania mostraron cifras positivas de crecimiento mientras que Estados Unidos estaría dando la vuelta hacia el cuarto trimestre de este año.
Es difícil, no obstante, evaluar con alguna certeza cuál será la trayectoria futura de la economía internacional. Por un lado, los indicios positivos hablan claramente de que las medidas de estabilización tanto en el plano financiero como en el del nivel de actividad están teniendo éxito. Pero, por otro, no está claro cómo será la estrategia para el período de transición que va desde la contención de la crisis con medidas extraordinarias (situación actual) a lograr que la economía vuelva a funcionar dentro de un corredor de normalidad.
Hay dos interrogantes que son centrales. El primero es cómo retirar los enormes estímulos monetarios y fiscales hoy en vigencia, sin generar nuevos desequilibrios que destruyan la incipiente recuperación. Como lo hace notar Roubini, las familias están todavía muy endeudadas, las firmas están todavía muy endeudadas, las firmas cuentan con mucha capacidad ociosa y el sistema financiero tiene aún por delante tareas muy pesadas de consolidación de sus balances.
El segundo interrogante es cómo hará el sector público para volver a su propio corredor de normalidad. Por una parte, si la economía se reactivara de manera sostenida, el riesgo de deflación podría convertirse en riesgo de inflación. La enorme cantidad de dinero que se volcó al mercado no provocó presión sobre los precios justamente porque la demanda estaba deprimida y la gente y los bancos guardaron el dinero sin gastarlo o prestarlo. Si la depresión del gasto y la preferencia por liquidez desaparecen, los bancos centrales tendrán que volver a velar por la evolución de los precios. Por otra parte, el legado de las políticas anti-cíclicas será el de una deuda pública muy elevada. Para servir esa deuda el gobierno tendrá que aumentar la presión tributaria o reducir el gasto. Elegir el momento para hacer esto será difícil. Si las autoridades se apresuran con el ajuste fiscal, podrían matar la recuperación; si se atrasan, podrían contribuir a alimentar la inflación. Claro que siempre estará la tentación de dejar que la inflación se acelere y se encargue de licuar la deuda pública y el exceso de emisión monetaria.
A la luz de estos interrogantes, no sorprende que las opiniones estén divididas entre quienes perciben que la economía estaría por remontar la parte ascendente de una trayectoria en “V”, dejando definitivamente atrás la recesión, y quienes creen que a lo sumo se trata de una trayectoria en W: leve recuperación seguida de una recaída por los problemas aún sin resolver, que ya hemos mencionado. Por ahora, puede interpretarse que la economía internacional está en modo “pausa” y habrá que monitorear hacia dónde tiende a moverse en el futuro.
El modo pausa en sí mismo es una buena noticia para la economía argentina. Dos razones centrales son que las mejores perspectivas de crecimiento han contribuido a mantener los precios de las commodities y a estimular el apetito por riesgo. El incremento en los precios internacionales mejora la recaudación fiscal y la competitividad externa sin que sea necesario depreciar el peso –con los consecuentes efectos sobre la inflación– y una mayor propensión a tomar riesgo desestimula la salida de capitales en nuestro país, una de las causas importantes de la caída en el nivel de actividad durante este año.
Un efecto adicional positivo de la evolución internacional es que mejora la macroeconomía de Brasil. Dos noticias alentadoras de corto plazo para la Argentina son, por un lado, que el nivel de actividad en Brasil muestre una mejor trayectoria y, por otro, que el real tienda a revaluarse más que a depreciarse, como había ocurrido con la crisis. Un escenario de crecimiento con real fuerte en Brasil sería bastante favorable para la Argentina. Aunque no está claro, dicho sea de paso, si esto último es bueno para Brasil a mediano plazo: tipo de cambio revaluado implica baja competitividad y su industria seguirá sufriendo las consecuencias. En un escenario así, Brasil se primarizará en lo que hace a su competitividad internacional (como ha venido ocurriendo en cierta medida), al tiempo que continuará la tendencia a la internacionalización de sus firmas. Un real caro aumenta los costos en Brasil pero también aumenta la capacidad de compra del real en el exterior. Las firmas grandes brasileñas ganarían, así, más dinero por sus operaciones financieras y de adquisiciones que por sus triunfos en la lucha competitiva en el mundo BRIC.
En suma, sin desconocer que los interrogantes sobre la evolución de la economía internacional siguen en pie, lo cierto es que la evolución de la coyuntura internacional puede considerarse relativamente favorable. El gobierno no ha dudado en utilizar todo el espacio que le brinda este contexto y la menor presión de la salida de capitales, que había llegado a niveles insostenibles en la primera mitad del año. En el último mes las autoridades han profundizado lo que podríamos llamar la estrategia del “conflicto paga”: imponer los objetivos propios sin concesiones y sólo retroceder ante un peligro inminente e inmanejable. Esta estrategia tiene dos características distintivas. La primera es que supone acelerar la implementación de la agenda política del gobierno, independientemente de los costos en términos de exacerbar los conflictos políticos o sociales. La segunda es que se le otorga mayor importancia a la distribución de recursos en función de objetivos políticos que a la producción y las instituciones en función de objetivos económicos de mediano plazo, como mantener la inversión y el empleo productivo.
El núcleo central de la estrategia del conflicto paga tiene tres elementos: ignorar en los hechos el resultado electoral; redoblar la apuesta a favor de “profundizar el modelo” y aprovechar al máximo el espacio que no ocupa la oposición, cuya división le ha impedido capitalizar el resultado electoral. Entre las iniciativas más destacadas de la estrategia del conflicto paga figuran: mantener el status quo en el INDEC; intervención en la televisación del fútbol a pesar de las restricciones presupuestarias y contractuales; prórroga de la ley que otorga facultades al ejecutivo; ley de medios; veto a beneficios otorgados a productores afectados por la sequía. Para contar con un mínimo de recursos para financiar esta estrategia, el gobierno está buscando vías para descomprimir el peso de los compromisos. En este sentido se destaca la iniciativa para un nuevo canje de deuda por alrededor de 22.000 millones de pesos; los incipientes intentos por mejorar la percepción de los mercados internacionales para lograr, eventualmente, acceder a crédito (propuestas para los hold outs; club de Paris; reunión con Eizaguirre del FMI). Estas iniciativas, no obstante, son sólo eso. Por ahora, las cuentas fiscales arrojan déficit financiero debido a la fuerte disminución del superávit primario y el nivel de actividad sigue siendo excesivamente bajo como para abrigar el optimismo respecto de una recomposición de ese superávit por la vía- de la recaudación.
Para llevar adelante su estrategia el gobierno debe aprovechar los meses que quedan hasta el cambio en la composición del parlamento, en diciembre, para implementar sus iniciativas de profundización del modelo. Esto implica que la intensidad de su acción política será inversamente proporcional a la distancia que vaya quedando hasta el momento de producirse ese cambio. Por otro lado, la relevancia de la oposición se irá reforzando de hecho –si no por mérito propio– a medida que se acerque la fecha de la rotación parlamentaria. De esto se sigue que la tensión política como mínimo no va a decrecer de aquí hasta fin de año.
No sorprende que dentro de este marco político, los conflictos distributivos y pujas sectoriales de variado tipo e intensidad muestren una tendencia a profundizarse más que a atenuarse. Bajo estas circunstancias, la economía se encontrará en una situación de fragilidad ante la ocurrencia de shocks. Por ejemplo, cualquier cambio negativo en el modo pausa internacional volverá a avivar la salida de capitales. Pero más allá de la evolución internacional, la estrategia del gobierno es riesgosa porque, al tiempo que la tensión política potencia los conflictos en el plano económico y social, las autoridades cuentan con muy pocos grados de libertad para manejar esos conflictos a través de concesiones financiadas con recursos públicos.
En este momento, los dos focos de conflicto más severos son el paro del campo y la situación de las provincias. En el caso del campo el problema ya ha pasado a ser político antes que económico en la medida que las autoridades han perdido credibilidad para concertar con el sector, luego de innumerables instancias de negociación no aprovechadas. En el caso de las provincias, según los cálculos de los especialistas éstas estarían necesitando unos 13.000 millones de dólares para cubrir sus necesidades. Una cifra enorme, a la luz de la marcha del gasto y la recaudación fiscal.
La limitación más importante de la estrategia del conflicto paga es que no es sostenible en el tiempo. Como la actividad económica normal y los conflictos político/distributivos son incompatibles entre sí, el conflicto reclama solución porque si perdura todos pierden y pueden perder tanto que los beneficios sean negativos para todos. Esto es así en el caso particular de la coyuntura actual porque la estrategia del gobierno, al excluir la negociación, obliga a los contendientes a utilizar todo el potencial a su alcance para negociar a corto plazo, sin demasiadas consideraciones por las consecuencias de mediano plazo de usar ese potencial. El caso de las provincias es paradigmático en relación con este punto.
Varias provincias tienen problemas para afrontar el gasto operativo y, en primer lugar, los pagos de salarios. Si no se pagan salarios ello puede tener consecuencias políticas inmediatas bajo la forma de protestas en la calle. Las autoridades provinciales, por ende, deben utilizar todos los medios a su alcance para conseguir fondos del gobierno central, pero saben que éste no negocia y que sólo accederá al pedido bajo presión política y peligro inminente. El arma que tienen a su alcance las provincias es institucional: la amenaza de emitir cuasi-monedas. Es un arma que se caracteriza por su gran poder destructivo pero cuyo uso se desaconseja por tener consecuencias desestabilizadoras de gran alcance en el plano monetario. De ahí que una de las características que definen a una nación es la de tener una sola moneda: un aumento de la oferta doméstica de moneda alimenta la fuga de capitales y la inflación y le cuestiona al Banco Central su misma razón de ser. Ante la demostración del poder de fuego de las cuasi-monedas y la percepción de peligro inminente, el gobierno decidió realizar transferencias para el pago de salarios a las provincias por varios cientos de millones.
De más está decir que ningún operador está en condiciones de anticipar si a la hora de pagar los salarios el mes próximo se repetirá esto o no. Y si se repite, de dónde extraerá el gobierno los recursos. Todo dependerá de la evolución del conflicto. Por ejemplo, si la amenaza de las cuasi-monedas sigue siendo creíble, el gobierno central buscará liquidez. Es fácil anticipar que una forma de conseguir liquidez es reducir el ritmo de las obras públicas, lo cual juega en contra no sólo del crecimiento sino, también, del nivel de actividad de corto plazo. Pero también podrían tomarse medidas que afecten al sector financiero. El hecho que esto sea difícil de predecir explica que el conflicto sea incompatible con la producción: el conflicto achica el horizonte de decisión; borra el futuro. El objetivo de conservar lo propio en un ambiente en que las medidas de política pueden tener efectos distributivos fuertes termina primando por sobre el objetivo de aprovechar las oportunidades productivas que brinda la economía.
El ejemplo de las provincias es paradigmático. Pero son varios los contendientes con poder de fuego de alto poder destructivo. Hay sectores que pueden amenazar con cortar las rutas, otros las calles, y aún otros, de manera menos coordinada pero no menos eficaz, pueden simplemente dejar de invertir y colocar su riqueza al buen recaudo de una sociedad con reglas de juego algo más previsibles. El punto central es que la estrategia del conflicto genera, así, una situación cuya característica es la de ser poco estable y cambiante. Si la situación internacional sigue mejorando probablemente el gobierno persistirá en su estrategia. Pero es difícil pensar que la economía pueda mantener niveles razonables de actividad y, sobre todo, de empleo e inversión, si no se desactiva la estrategia del conflicto paga.
Una iniciativa que pone en blanco sobre negro las paradojas de una situación como la actual es el canje de bonos que propone el gobierno. Es una iniciativa coherente en la medida que coadyuva a descomprimir las obligaciones del gobierno en el futuro más o menos inmediato. Si el gobierno tiene éxito en esta iniciativa, como se espera, podría pensarse que esto se debe a una mayor credibilidad financiera. Sin embargo ello dista de ser así. En la medida que la paridad de cambio no sea desventajosa, el mercado estaría deseoso de cambiar sus bonos indexados por CER por otros corregidos según la tasa Badlar debido a que podrían cambiar riesgo INDEC por riesgo Banco Central. Esto es, el canje podría ser exitoso debido a que el gobierno no logra credibilidad en cuanto a las iniciativas que anunció para mejorar el INDEC. Es más, podría pensarse que el mercado descuenta que quienes no entren al canje serán aún más castigados con un índice de corrección distorsionado. Un éxito de corto plazo se “compra” a costa de la credibilidad de largo.
En suma, la estrategia de conflicto paga está obligando a cada sector a utilizar sin pudor los elementos que tiene a su disposición para defender su posición. De esta forma, las acciones de cada actor son dominadas por consideraciones que si bien tienen racionalidad individual –en el sentido de estar en línea con los fines buscados por cada uno de ellos– desde el punto de vista colectivo tienden a afectar negativamente al conjunto al deprimir el nivel de actividad, el empleo y la inversión. El hecho que, en general, los países hayan optado por tener una sola moneda, prohíban que se interrumpa el libre tránsito en los caminos y acaten el mandato de las mayorías en la factura de las leyes sugiere que ésa es una forma razonable de crear espacios de negociación y consenso. Esos espacios son una condición sine-qua-non para que, quienes toman decisiones asociadas con el ahorro, la inversión y el empleo, se comprometan con el largo plazo. Podría argumentarse que el largo plazo no importa en vista del sesgo cortoplacista que muestra hoy la política. Sería un error: la inversión manda en el ciclo de corto plazo y es justamente la depresión de la inversión y el gasto en durables lo que presiona sobre el desempleo, crea presiones recesivas y reduce la recaudación tributaria a corto plazo. En la medida que la pausa internacional ayude y se persista en utilizar los fondos acumulados en los años de crecimiento para financiar el corto plazo, probablemente la estrategia del conflicto paga parecerá viable por un tiempo. Sin embargo, sería realmente sorprendente que una economía pueda funcionar razonablemente con el nivel de conflicto distributivo e inestabilidad de las reglas de juego que muestra la Argentina en la actualidad.