En días recientes falleció Ronald Coase, premio Nobel de economía. Las contribuciones de este economista referidas a los derechos de propiedad y la naturaleza de la empresa capitalista –junto con las herramientas metodológicas aportadas por la teoría de juegos– generaron una verdadera revolución en la teoría económica al dar nacimiento al enfoque institucional moderno. A modo de homenaje, utilizaremos un enfoque con sesgo institucionalista para interpretar la coyuntura macroeconómica de Argentina y su posible evolución.
Acción individual, acción colectiva y macroeconomía
Un aporte clave del enfoque institucional es la distinción entre racionalidad individual y racionalidad colectiva. Esto es, mostrar que a diferencia de lo que sugiere la mano invisible del mercado de A. Smith, puede ocurrir que aún cuando los individuos actúen racionalmente buscando hacer lo que es mejor para cada uno, el resultado en el nivel colectivo puede no ser óptimo e, incluso, puede ser bastante malo para todos como cuando ocurre una crisis. Al hacer esta distinción, el enfoque institucional puso en el centro de la escena el vínculo entre acción individual y resultados colectivos o agregados y pudo mostrar que el buen funcionamiento de la economía depende de ambos tipos de acción. En este contexto, la tarea del sistema político es estructurar un conjunto de reglas de juego –de instituciones– que sea capaz de armonizar las decisiones descentralizadas basadas en el interés individual con los mejores resultados obtenibles en términos de bienestar colectivo.
A diferencia de la concepción de la mano invisible, el enfoque institucional deja un amplio margen para la acción política: el sistema político tiene la tarea de construir consenso para establecer instituciones capaces de corregir los aspectos distorsionantes de las decisiones individuales descentralizadas sin erosionar las libertades, la iniciativa privada o la equidad. Desde esta perspectiva, el sistema político ayuda a la economía cuando establece un régimen que permite realizar correcciones rápidas en el momento en que se observa que las decisiones individuales no están llevando a resultados colectivos buenos.
Ejemplos típicos de acciones individuales que reclaman adecuación en las reglas de juego son la degradación del medio ambiente o la congestión urbana. Es posible que a cada uno de nosotros nos parezca lo mejor contar con un automóvil. Pero si todos lo hacemos, terminamos viviendo colectivamente peor por la excesiva polución o, en un ejemplo muy cotidiano, porque terminamos estancados en alguna avenida pensando que, después de todo, nos hubiese convenido ir caminando y que sería bueno tener un sistema político que planifique y mejore el transporte público. No sorprende, mirado desde esta perspectiva, que en las sociedades más avanzadas se hayan ido estableciendo consensos políticos para imponer reglas cada vez más sofisticadas para el cuidado del medio ambiente y el ordenamiento urbano. Es evidente que sin esas reglas, las conductas individuales de empresarios y consumidores llevarían a resultados peores para la sociedad en su conjunto.
En el enfoque institucional, la política sirve para que la sociedad se piense a sí misma, busque ser mejor guiándose por criterios de racionalidad colectiva y construya un marco institucional para que los individuos decidan en armonía con el bien común. Un corolario de esta visión es que la capacidad política para construir instituciones es una ventaja comparativa económica: los países más desarrollados son también los que tienen formas más eficientes de resolver sus problemas de acción colectiva mediante reglas apropiadas. Para evitar confusiones vale aclarar que esto no significa que las decisiones individuales descentralizadas siempre lleven a resultados colectivos distorsionados. Por suerte ocurre más bien lo contrario y es posible, por ende, focalizar los escasos recursos para la construcción institucional en aquéllas áreas en que las distorsiones son más frecuentes, como el medio ambiente o el orden urbano. De hecho, el progreso institucional es posible porque las sociedades han ido aprendiendo dónde es necesario colocar el énfasis en la construcción de reglas y dónde casi no hace falta.
Hay un problema adicional, sin embargo, que es altamente relevante para la Argentina: si el sistema político no funciona bien, puede ocurrir no sólo que no se solucionen los problemas que "naturalmente" provoca el desarrollo económico –como la polución o la congestión–, sino que se establezcan reglas que generen problemas nuevos. Cuando el sistema político es deficiente, se imponen instituciones y políticas que obedecen más a los intereses de grupos que al bienestar común. En esos casos, al generar incentivos incorrectos, se distorsionan las conductas individuales y los resultados colectivos son malos: bajo crecimiento, inestabilidad, deterioro del medio ambiente.
Por ejemplo, el gobierno podría subsidiar el crédito para la compra de automóviles con el argumento explícito de que ello genera trabajo y la intención implícita de juntar más votos. Pero este beneficio focalizado para un sector se obtendría al costo de agravar la polución y la congestión para todos. Si la objeción es que fabricar menos autos destruye empleos, la objeción es incorrecta. Las políticas públicas deben crear más empleo con menos polución y menos congestión. Si la gente viaja hacinada (e incluso muere) en los trenes y se atasca en las autopistas y no se observa fuerte creación de empleos para construir trenes e infraestructura, hay algo que no funciona en la racionalidad colectiva. Hay algo que no funciona en la política, no en la economía.
Dado que nuestro país ha estado perdiendo presencia en forma sistemática en la arena internacional, no sorprende que en el caso argentino sea siempre más fácil dar ejemplos de reglas de juego equivocadas que generan nuevos problemas que de iniciativas institucionales exitosas en resolver los problemas de eficiencia y distributivos asociados con la acción colectiva para el desarrollo. Esto es particularmente así en relación con las instituciones y políticas macroeconómicas y la situación actual no es la excepción. Veamos.
Sobre lo nacional, lo popular y la conducta individual
Para evaluar resultados en términos de racionalidad colectiva es necesario tomar en cuenta los objetivos que la sociedad en su conjunto persigue. Dado que el gobierno expresa que sus acciones se inspiran en una ideología nacional y popular, utilizaremos ese criterio. Esto es, evaluaremos si las reglas de juego actuales generan incentivos para los individuos que llevan a resultados agregados compatibles con lo nacional y lo popular.
Si bien las ideologías son intangibles, muchas veces es posible corporizarlas en objetos que la representan, sea de forma positiva mostrando lo que la ideología es o negativa mostrando lo que no es. Si hoy se organizara un gran concurso nacional y popular en busca de identificar íconos que simbolicen lo que no es ni nacional ni popular, un automóvil importado de alta gama (por ejemplo, un Audi) seguramente podría aspirar a estar en los primeros lugares. No sería nacional porque no se fabrica en el país y no sería popular porque estaría más allá del presupuesto de casi todos los argentinos. Pero, además, un automóvil así es un objeto funcional y bello, por lo que cumpliría con algo que todo ícono debe tener: el de poder constituirse en un obscuro objeto del deseo; su poder de seducción sería suficiente como para despertar el apetito de poseerlo aún en aquellos que sienten una identificación profunda con lo nacional y lo popular. Probablemente, un viaje al exterior también calificaría alto en el ránking. Aunque en este caso, si bien el objeto de deseo seguiría siendo poco nacional sería un poquitito más popular al dar más acceso a algunos sectores de clase media.
Según los últimos datos del MULC, la Argentina está ya generando un déficit en la cuenta corriente cambiaria. El rubro de turismo es, sin dudas, uno de los que más está contribuyendo al desbalance ya que el déficit está en alrededor de 1800 millones de dólares por trimestre. La importación de automóviles de alta gama que se mantiene tonificada también está contribuyendo.
Si la preferencia por autos importados y turismo fuera una simple expresión de los gustos de la población, ello no tendría que ver con las reglas de juego, sólo estaría mostrando que un sector de la población tiene preferencias poco alineadas con lo nacional y popular. Pero el punto es que hasta hace poco la Argentina mostraba un superávit y no un déficit en turismo y no está claro por qué debería existir hoy una preferencia por autos importados de alta gama mayor. En cambio, está claro que el déficit de la cuenta corriente cambiaría de turismo se agudizó sensiblemente desde la imposición del cepo y a medida que se ampliaba la brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Esto implica que las reglas de juego están generando incentivos para que los individuos actúen en contra de lo que desea el gobierno.
¿Implica esto que a los individuos no les interesan las consecuencias que sus acciones tienen en el nivel colectivo? Como los desequilibrios en el sector externo suelen llevar a fuertes ajustes macroeconómicos para solucionarlos, con consecuencias sobre el empleo y la distribución del ingreso, lo más sensato es conjeturar que sí les importa. Cuando se observa la situación con ojos institucionalistas surge otra hipótesis: los individuos anticipan que las reglas de juego y las políticas actuales referidas al mercado de cambios no son sostenibles porque se está ampliando el déficit de cuenta corriente. Pero como de cualquier forma tendrán que pagar el ajuste posterior, lo más racional es gastar en dólares hoy, mientras el dólar esté barato. Sea que hoy gasten o no, mañana tendrán que pagar igual. De esto se sigue, por supuesto, que la situación actual es insostenible si no se cambian ciertas reglas de juego y políticas. Dan incentivos equivocados a las personas.
Las medidas económicas recientes
Además de importaciones poco necesarias y turismo el otro rubro que está contribuyendo al déficit de cuenta corriente es la energía. Si se toman los déficit "gemelos" en energía y turismo, por sí solos, van a sumar bastante más de 10.000 millones de dólares en el año. Si se tiene en cuenta que la pérdida de reservas se ubica en un promedio de 1.000 millones de dólares por mes, está claro que estos dos rubros prácticamente explican toda la pérdida de reservas del país. Es fácil anticipar que si el gobierno no toma acciones en relación con los precios relativos de la energía y el turismo la situación es insostenible. En poco tiempo el Banco Central comenzará a experimentar problemas de liquidez. Hay que tomar en cuenta que se pasó en poco tiempo de una situación en que las reservas eran muy superiores a lo que se necesitaba para importar en un año a representar algo así como seis meses de importaciones.
Las medidas recientes del gobierno están lejos de orientarse a corregir las distorsiones que están generando incentivos equivocados para las conductas individuales. Más bien se orientan en el sentido inverso. Esto nos lleva a pensar que las medidas se tomaron no en función de la racionalidad colectiva sino con el propósito de mejorar el desempeño electoral en octubre. Independientemente de la efectividad de estas medidas en el plano electoral, lo cierto es que desde el punto de vista macroeconómico tienden a agravar, más a que a mitigar los desequilibrios.
En primer lugar, la rebaja en los impuestos al trabajo y a los autónomos aumenta el déficit fiscal porque las medidas compensatorias de aumento en los impuestos en el ámbito financiero ni de cerca podrían compensar la pérdida de recaudación. Esto indica que el gobierno se verá obligado a emitir más dinero para financiar el déficit. Si lo hace, aumenta la liquidez en manos de los particulares, que estos podrán utilizar para demandar importaciones baratas, turismo y dólares en el mercado paralelo.
En segundo lugar, las autoridades han acelerado recientemente la depreciación del peso. La corrección en el precio del dólar se aceleró tanto que ya se ubica por encima de la inflación, superando el 30% anualizado. Esta aceleración de la depreciación sirve para desincentivar la demanda de dólares e importaciones y mejora en principio la rentabilidad de las exportaciones. Pero tiene dos costos muy relevantes: por un lado, acelera la inflación y, por otro, aumenta el valor en pesos del déficit energético. Esto repercute directamente en las cuentas públicas. Corregir el tipo de cambio sin corregir las tarifas de electricidad y gas genera incentivos perversos para los individuos porque implica abaratar aún más la energía en relación con el resto de los bienes, que se mueven con una inflación alimentada por la mayor depreciación.
En tercer lugar, se dio a conocer el presupuesto para 2014. Las metas que establece el gobierno en el plano macroeconómico carecen de realismo. La inflación se ubicaría en cerca del 10% y el crecimiento en 6.2%. El dólar promedio sería de 6.33$, lo que luce poco compatible con un superávit comercial proyectado en 10.000 millones. Con esto, las autoridades pierden la posibilidad de utilizar el presupuesto como un instrumento para generar mayor previsibilidad sobre lo que cabe esperar para el año entrante. Dado el nivel de incertidumbre, no se trata de un problema menor.
Conclusión
¿Qué nos sugiere la visión institucional? Que hoy las reglas de juego no están en línea ni con la orientación del gobierno ni con lo que exige la estabilidad macroeconómica. Están generando incentivos para el gasto en bienes importados, en turismo y en energía y el gobierno no cuenta con reservas como para financiar el desequilibrio resultante.
Si apelamos a la racionalidad colectiva como criterio para guiar las políticas, ella nos indicaría que hoy es prioritario proteger las reservas y desincentivar el gasto intensivo en dólares. Para revertir esta situación el gobierno debería dar señales claras de que se propone cambiar las reglas y las políticas que generan las distorsiones de precios relativos que, a su vez, llevan a los individuos a tomar decisiones incompatibles con la estabilidad macroeconómica.
Con miras a octubre, las autoridades han dado prioridad a las urgencias electorales frente a lo que sería colectivamente racional hacer. Al representar más de lo mismo en un contexto que muy diferente, las medidas recientes pueden seguir alimentando conductas del tipo: "viajo o importo ahora, igual voy a tener que pagar después". Esto puede agrandar los desequilibrios, sobre todo si se toma en cuenta que si hay más déficit fiscal y emisión habrá más y no menos liquidez en manos de los particulares.
Luego del acto eleccionario de octubre las autoridades la opción de no cambiar nada con alta probabilidad no estará dentro de las opciones de política económica. El ritmo al que se están perdiendo reservas indica que el dilema no será si cambiar o no´, sino cómo cambiar y privilegiando qué objetivos políticos.
Una alternativa es cambiar sobre la base de buscar consensos políticos para establecer reglas de juego y políticas cuyos objetivos prioritarios sean la estabilidad, el empleo y el crecimiento. Los consensos políticos amplios serían ineludibles pues las correcciones de precios relativos que se necesitan son importantes y estas correcciones han sido siempre muy traumáticas en sus consecuencias de corto plazo. Pero los costos de las correcciones serán menores cuanto mayor sea la credibilidad en las reglas de juego y las políticas. Credibilidad es sinónimo de inversión y de disponibilidad de financiamiento.
Una segunda alternativa sería la de cambiar el status quo lo menos posible de forma de minimizar la base de sustentación política necesaria para navegar las turbulencias macroeconómicas que seguramente producirán las correcciones. El desafío más importante que enfrentaría esta alternativa sería, sin dudas, el problema de cómo ganar credibilidad en el plano económico de forma de contar con inversiones suficientes y conseguir algo de financiamiento. Cuanto menos inversiones se consigan, menos empleó habrá. Cuanto menos financiamiento esté disponible, mayor deberá ser la austeridad fiscal y más va a doler la corrección.