Por estos días se cumple un año de la asunción de Amado Boudou como Ministro de Economía. Si se ensaya un balance de su gestión, es posible marcar hechos positivos pero, en general, lo que predominan son los grises. El punto más débil es que el Ministerio no cumple acabadamente con su tarea básica: brindar pautas de corto y largo plazo para coordinar las decisiones del sector público y el privado de forma tal de asegurar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Los instrumentos básicos de coordinación son las políticas y las instituciones (reglas de juego). En ausencia de un programa que presente políticas públicas consistentes y con cambios de reglas de juego frecuentes, es difícil para cualquier agente que deba tomar decisiones contestar una pregunta básica: ¿y ahora qué?
Sin lugar a dudas el aspecto más positivo de la gestión es que la economía se reactivó, superando la situación recesiva que predominó en 2009. Otro evento positivo es que el ministro logró cerrar el canje con un nivel de aceptación razonable, tomando en cuenta la situación internacional. El panorama se ensombrece, sin embargo, cuando se considera la evolución de los precios: la inflación se aceleró de manera sustancial y, además, las distorsiones de precios relativos probablemente se están profundizando aún más. A las distorsiones que el ministro heredó y no alivió en energía o transporte, se agrega el hecho de que se está profundizando la brecha entre la depreciación nominal del dólar y la inflación. De mantenerse esta tendencia, la competitividad se va a resentir de manera marcada, afectando a las exportaciones. Como las importaciones están subiendo a tasas extremadamente altas por la reactivación de la economía, el superávit comercial corre el riesgo de reducirse a gran velocidad. Como se explica más abajo, la Argentina necesita de un superávit alto debido al mal clima de inversión existente.
La aceleración de la inflación y la apreciación del tipo de cambio real son dos rasgos que típicamente han mostrado los procesos de crecimiento no sostenibles en la Argentina. La inflación indica que la demanda está creciendo más rápido que la oferta y la reducción del superávit comercial señala que la oferta faltante se está supliendo o bien con importaciones o bien exportando menos. En relación con esto es importante marcar dos hechos.
El primero es que la Argentina no podría tener déficit de cuenta corriente en la medida que no tiene acceso a financiamiento internacional a tasas competitivas. El canje no alcanzó para reabrir el acceso a los mercados de capital a tasas razonables. Esto implica que el superávit comercial no puede ser menor al déficit en la cuenta de servicios financieros. El año que viene habrá vencimientos importantes de capital e intereses de la deuda. No es de esperar que la Argentina tenga problemas para honrar esos compromisos pero la falta de acceso a financiamiento hace al gobierno más dependiente del impuesto inflacionario para financiarse y de las reservas internacionales para afrontar pagos en dólares.
El segundo hecho es que, si el clima de inversión no mejora y la inestabilidad de las reglas de juego se mantiene, el superávit comercial no puede ser bajo. En los últimos años el superávit fue muy alto y una gran parte se usó para financiar la salida de capitales; así, el superávit aportó los dólares que demandaban los ahorristas que no deseaban hacer colocaciones en el sistema financiero. Esto quiere decir, concretamente, que el Banco Central corre el riesgo de comenzar a perder reservas mucho antes de que la cuenta corriente se haga cero. Es justamente debido a esto que una tarea pendiente importante que tiene la gestión económica es mejorar el clima de inversión.
El deterioro en lo institucional es el escollo más significativo que impide que la gestión Boudou pueda capitalizar las buenas noticias en lo que hace a nivel de actividad. En este aspecto sobresale la pérdida de credibilidad del Banco Central con la vuelta a la monetización del financiamiento público; la promesa incumplida de normalizar el INDEC y la falta de instrumentos para manejar las pujas distributivas y coordinar las negociaciones salariales en función de pautas de inflación establecidas por las autoridades.
En este clima, la política se mantiene como una fuente independiente de generación de incertidumbre. El diálogo con la oposición en el Congreso sigue roto y la situación de impasse tiende a perpetuarse: la oposición trata de impulsar proyectos orientados a poner límites a la discrecionalidad de la que el gobierno ha gozado y goza y el gobierno, por su parte, resiste el embate recurriendo a recursos de procedimiento en el Congreso y amenazando con vetar las leyes que no están en línea con sus propósitos, como es el caso de la iniciativa opositora que vincula las jubilaciones mínimas con el salario mínimo. Otro hecho político de relevancia es el affaire de la relación con Venezuela que ha llevado a un cambio de ministro y ha puesto al gobierno a la defensiva.
Algunas de las iniciativas impulsadas por la oposición en el Congreso podrían ser muy positivas para mejorar el clima de inversión al mejorar la transparencia, como en el caso del INDEC, de la limitación a la manipulación de partidas presupuestarias y de la investigación de hechos de corrupción. Otras iniciativas, por el contrario, podrían alimentar la inestabilidad macroeconómica, como es el caso de la propuesta de vincular jubilaciones y salario mínimo. Esta medida, tomada de forma aislada y no como parte de una reestructuración integral del presupuesto público, podría tener consecuencias muy negativas sobre el equilibrio fiscal o sobre los fondos acumulados en la ANSES. Estos fondos se agotarían en poco tiempo si se usan para financiar el aumento en las jubilaciones. Más allá de los detalles, los montos de que se habla (30.000 millones de pesos anuales) tienen entidad como para generar desequilibrios inmanejables a largo plazo.
Dentro de este panorama, ninguno de los hechos ocurridos en el mes que pasó tuvo entidad como para desviar a la economía del curso que venía siguiendo en los últimos meses: significativa reactivación acompañada de inflación y puja distributiva. Esto no implica, sin embargo, que el proceso esté libre de vulnerabilidades. Además de la evolución de la competitividad ya mencionada hay que tener en cuenta la evolución internacional y la creciente consolidación de un régimen inflacionario.
La situación internacional
La situación internacional sigue evolucionando dentro de un contexto de incertidumbre, aún cuando la expansión de la actividad en las economías avanzadas se mantiene. En este aspecto hay que subrayar el hecho de que los países europeos, liderados por Alemania, siguen dando claras señales de que han abandonado las políticas fiscales anti-cíclicas en favor de un ajuste fiscal que garantice la sustentabilidad de la deuda pública. Esta política representa un cambio muy significativo en relación a la estrategia que siguieron estos países inmediatamente después del comienzo de la crisis, cuando implementaron medidas fiscales para paliar los efectos recesivos. Este cambio de orientación implica asumir un riesgo importante: que la incipiente reactivación que se estaba observando
se revierta como consecuencia del ajuste y la economía vuelva a entrar en recesión. Entre las voces críticas de esta estrategia se destaca la del premio Nobel Paul Krugman. Este economista opina que existe el riesgo cierto de generar una depresión y no sólo una recesión. La estrategia más keynesiana que propugna Krugman busca minimizar el riesgo de una depresión por la vía de mantener los estímulos fiscales. Por supuesto, esto no sería gratis: sin ajuste fiscal, la probabilidad de que la deuda pública se ubique en un sendero explosivo aumenta. La decisión no es fácil y las ideas novedosas no abundan, de ahí que reine la incertidumbre a pesar de que el crecimiento sigue siendo positivo.
Lo que sí esta claro, no obstante, es que lo que decidan los europeos no será irrelevante para el resto del planeta: el ajuste no baja la demanda agregada sólo en el país que ajusta sino que afecta las exportaciones de los socios comerciales. En este sentido, la zona euro está haciendo una apuesta muy riesgosa: los clientes más importantes de los europeos son los europeos. El núcleo del problema es que, lo que le conviene a Alemania y otros pocos países con superávit de cuenta corriente no coincide con lo que le conviene al resto que muestra déficit de cuenta corriente. La palabra clave en este sentido es coordinación: si no hay una sola política que le convenga a todos se hace necesario coordinar respuestas no uniformes; por ejemplo, aumentar el gasto en Alemania y ajustarlo en España confiando en que una mayor demanda alemana de exportaciones españolas haría menos difícil la contracción en ese país.
La falta de consenso respecto de cómo coordinarse para enfrentar la crisis, de cualquier forma, no es un problema sólo europeo y esto se reflejó en la última reunión del G-20. A diferencia de las otras reuniones post-crisis, esta vez se notaron diferencias de enfoque. Además de la cuestión del ajuste fiscal, tampoco se pudo arribar a acuerdos sobre aspectos financieros. Mientras en el Congreso de Estados Unidos se avanza con la reforma regulatoria del sector, los alemanes han tomado medidas propias sobre los fondos especulativos y no hubo acuerdo sobre la imposición de un impuesto globalmente acordado a las transacciones financieras.
Tarde o temprano la incertidumbre se despejará y sabremos si ajustar en este contexto era o no correcto. Por supuesto, si Krugman tiene razón habrá una nueva recesión y las consecuencias no dejarán de sentirse en la Argentina. En este contexto lo más sensato es tener cautela, pero no es el ánimo que predomina en la Argentina actual, a estar con las posiciones que sostuvo nuestro país en el G20. Según lo expresado allí por Cristina Kirchner, las autoridades deberían siempre apostar a mantener un alto nivel de actividad, independientemente de las incertidumbres globales y la sustentabilidad de la deuda pública.
Argentina: ¿se consolida un régimen de alta inflación?
Si sólo tomáramos en cuenta las variables relativas al nivel de actividad, podría argumentarse que la situación en la Argentina no se ha visto afectada por la evolución de los mercados internacionales: en vista del aumento de la demanda agregada en los últimos meses, los analistas no hacen más que revisar al alza sus estimaciones de crecimiento. Sin embargo, si agregamos al análisis la inflación y las pujas distributivas, el cuadro se ensombrece por la posibilidad de que se consolide definitivamente un régimen de alta inflación.
Hay una diferencia importante entre experimentar un período de inflación alta y vivir en un régimen de alta inflación. La diferencia central es que, en un régimen de alta inflación, el sector privado desarrolla una serie de estrategias para proteger sus ingresos frente a los aumentos de precios y ello afecta la duración de los contratos y las decisiones de ahorro. Esta diferencia estaba muy clara en la Argentina previa a la convertibilidad pero es algo que parece haberse olvidado. Es fácil mostrar la importancia de esta diferencia recurriendo a la historia. Luego de la devaluación del peso y del abandono de la convertibilidad la inflación se aceleró sensiblemente. Sin embargo, transcurrido un período la inflación cayó para ubicarse por debajo de un dígito. En cambio, luego de la devaluación de 1981, la inflación se aceleró y no volvió a ubicarse prácticamente nunca más por debajo del 100% anual durante una década. Un factor clave que explica la diferencia entre estos dos eventos es, justamente, que en los ochenta la Argentina vivía en un régimen de alta inflación que se había venido consolidado desde mucho antes de 1981, mientras que la devaluación de 2002 se produjo luego de que la convertibilidad literalmente destruyera el régimen de alta inflación de la posguerra.
Para que los cambios en los contratos y las estrategias de ahorro tengan lugar, no obstante, no alcanza con que la inflación suba, además debe mantenerse alta por un tiempo prolongado. Si la inflación sube por un período y luego cae, los agentes no tienen motivación para hacer grandes cambios en sus prácticas de negocios. El riesgo que enfrenta hoy el país es, justamente, que una inflación alta como la actual incentive la aparición de conductas adaptativas que luego son difíciles de cambiar y devienen una fuente de inercia inflacionaria.
En lo que hace a contratos, la forma más fácil de protegerse ante sorpresas inflacionarias es acortar la duración de los mismos. Siempre es difícil anticipar cuál será la inflación. Pero una cosa es equivocarse cuando el error es de uno por ciento en un año y otra, muy distinta, cuando el error puede ser, digamos, de 15 por ciento si uno queda preso de un contrato nominal fijo en un contexto de aceleración inflacionaria. Así, cuanto mayor la inflación esperada, menor la duración de los contratos y más frecuentes las renegociaciones de salarios y precios. En la actualidad ya se observa una tendencia a negociar salarios de manera más frecuente y lo mismo ocurre con las correcciones de precios.
Un problema no menor del régimen que tiende a consolidarse es que los agentes privados cuentan con menos instrumentos de defensa contra la inflación que en el pasado: la alternativa de indexar contratos no está disponible por el deterioro en la credibilidad del INDEC. En la práctica, no hay cómo denominar los contratos a largo plazo de forma de estar protegido de la inflación. Esto juega a favor del cortoplacismo. En ausencia de indexación, la única herramienta disponible para protegerse es negociar de manera más frecuente precios y salarios y acortar los plazos de crédito.
La destrucción del IPC tiene otra consecuencia muy negativa: impulsa la dolarización de las carteras de ahorro y fomenta la inversión ineficiente en inmuebles. El hecho de que los depósitos del sistema estén estancados, dice a las claras que los depósitos en pesos no son un refugio anti-inflación. Esto es lógico: las tasas de retorno sobre depósitos son negativas y el gobierno destruyó, al intervenir el INDEC, el instrumento de indexación. Lo que sí se observa claramente es una persistente acumulación de ahorros en dólares. En los últimos años la salida de capitales absorbió prácticamente todos los dólares generados por el superávit comercial. También se ha mantenido el precio de los inmuebles aún en un contexto de crisis internacional, lo que sugiere que ese refugio está también siendo utilizado. Si bien la salida de capitales amainó en algo de la mano de la reactivación, el ahorro sigue absorbiendo buena parte del superávit comercial.
En suma, la economía está creciendo y eso es una buena noticia. Pero las debilidades institucionales, la evolución de la competitividad y la creciente consolidación de un régimen de alta inflación son fuentes de preocupación en lo referido a la sostenibilidad del proceso. La economía está aumentando su vulnerabilidad a shocks en un contexto internacional incierto.