Como es habitual, Cristina Kirchner dio a principios de marzo su mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa. Buena parte del discurso fue destinado a enumerar los logros del gobierno. La porción asignada a evaluar los desafíos, en cambio, fue mucho más breve y no hubo referencias a uno de los obstáculos más importantes que enfrenta el gobierno en el corto plazo: la inflación. Tampoco se dedicó espacio a evaluar las oportunidades y amenazas en el plano internacional, lo que parecía más que oportuno a la luz de la evolución en el precio de los alimentos y del petróleo. En general, el discurso ratificó el rumbo de las políticas económicas, pero hizo hincapié particularmente en señalar que seguirá la política de “flotación administrada” y que se resistirán las presiones de los sectores que “empujan devaluaciones”, lo que en la práctica significa que se seguirá recurriendo a una depreciación menor a la inflación como principal arma anti-inflacionaria. Probablemente el gobierno es conciente de que una pauta de depreciación por debajo de la inflación no será suficiente para moderar las expectativas inflacionarias y, debido a ello, anticipa un año conflictivo en lo que hace a reclamos sindicales. Esta hipótesis es coherente con el hecho de que la mandataria pidiera moderación en los conflictos distributivos, evitando tomar de rehenes a usuarios y consumidores. De esta forma, a falta de un plan anti-inflacionario –o, aunque más no sea, una solución al problema de credibilidad del INDEC– la Presidente optó por un llamado político a la auto-moderación en la forma de expresar los reclamos.
Del discurso se infiere que, al menos hasta las elecciones, las autoridades piensan mantener sin cambios la estrategia económica en vigencia. Por supuesto, esto implica tomar riesgos significativos. En primer lugar, si no se toman medidas en el plano fiscal o monetario, la inflación se mantendrá, en el mejor de los casos, en los altos niveles que viene mostrando en los últimos meses. En segundo lugar, una inflación alta, aún si no se acelera, no es neutral en sus efectos porque profundiza las distorsiones de precios relativos que existen en el sector transporte y energía y obliga al gobierno a gastar más en subsidios, lo cual amplía las necesidades de financiamiento del fisco. Asimismo, con un valor nominal del dólar que no se ajusta lo suficiente, cuanto más alta la inflación mayor la pérdida de competitividad. Sobre todo si los salarios en los sectores sindicalizados sí se corrigen en función de la inflación, como lo indica el reciente acuerdo en la paritaria docente. Esto anticipa que las autoridades estarán de forma permanente bajo presión (de sectores transables o de funcionarios del propio gobierno) para tomar medidas proteccionistas en el plano comercial. En tercer lugar, una situación de alta inflación con precios internacionales de los alimentos presionando al alza representa un riesgo permanente para los sectores más pobres. Para estos sectores la inflación medida en alimentos es clave pues, por un lado, gastan buena parte de sus ingresos en esos productos y, por otro, sus ingresos dependen de empleo informal no sindicalizado o de subsidios del gobierno que no se corrigen en función de la inflación en alimentos. Con precios altos de los alimentos el gobierno tendrá incentivos para seguir interviniendo en los mercados, lo que le acarreará conflictos y roces con los productores.
Si la inflación no es neutral y profundiza los desequilibrios, podría pensarse que la apuesta del gobierno de mantener el esquema de política económica hasta las elecciones es una mala decisión, aún desde la perspectiva del gobierno. Antes de extraer esta conclusión, no obstante, hay que considerar el hecho de que falta muy poco para el acto eleccionario: es sensato conjeturar que al gobierno sólo lo preocupan los costos y beneficios de sus políticas a corto plazo; es decir, de aquí hasta octubre. Si la política rinde suficientes beneficios hasta octubre y los costos se pagan después de esa fecha, probablemente no es una buena política, pero es políticamente funcional. En este sentido, hay tres puntos clave a considerar.
Primero, si el gobierno implementara políticas fiscales, monetarias o de ingresos para contener la inflación, probablemente sólo recogería los frutos a mediano plazo. Esos frutos serían valiosos, pero tardíos en términos políticos. La experiencia de otros países de la región que tuvieron éxito anti-inflacionario muestra que reducir la inflación es un proceso que toma tiempo y no un evento instantáneo.
Segundo, para ser creíbles las medidas anti-inflacionarias tienen que contar con el sustento de una coalición política sólida y esa coalición no se arma de un día para otro. La coalición que hoy sustenta al gobierno no parece la más adecuada para luchar contra la inflación. Si esa coalición política no tuviera un sesgo hacia la inflación, esta última no se hubiera acelerado bajo un gobierno que contó con tantos recursos económicos y políticos como el actual. En esa coalición juegan un papel central sectores muy activos y organizados en sus reclamos, como los sindicatos o los intendentes. Además, en vista de los problemas de calidad de servicio, probablemente el gobierno no desea hacer la prueba de corregir las tarifas en servicios como el transporte; no es casual que la Presidente haya elegido utilizar la fuerte metáfora del usuario rehén. Como no hay tiempo para armar otra coalición, parece coherente mantener la existente y pedir, al mismo tiempo, moderación en los reclamos. ¿Hay otra alternativa? ¿Cómo haría un gobierno que negó entidad a la inflación hasta el punto de devaluar al INDEC para convencer a quienes lo apoyan de que, de golpe, es necesario pagar costos para reducir la inflación?
Tercero, la situación económica tiene ciertas características particulares que hacen que sean muy débiles los incentivos del gobierno para tomar medidas que disminuyan los desequilibrios que la inflación está agravando. Si, en líneas generales, la economía siguiera transitando por los carriles en que lo viene haciendo, la amplificación de los desequilibrios no debería hacer eclosión antes de octubre. Por un lado, el gobierno cuenta con los recursos del Banco Central y la Anses para satisfacer sus necesidades de financiamiento; por otro, cuenta con reservas internacionales suficientes y un superávit fiscal aún positivo. Estos recursos permitirían hacer frente al aumento de importaciones que se origina en la erosión creciente de la competitividad.
Sin embargo, si dijimos que la estrategia del gobierno es riesgosa es porque algo podría no salir bien ¿Qué podría salir mal de aquí a octubre de forma de obligar al gobierno a introducir cambios en el “modelo”? Hay dos cuestiones clave a testear. La primera es el nivel de conflicto distributivo, con sus respectivas consecuencias en la política. Los niveles de conflictividad social y sindical podrían dar un salto si la inflación sigue alta y/o el precio de los alimentos se dispara impulsado por el shock externo. En este sentido, hay que considerar que la coalición de apoyo al gobierno es heterogénea y basada en gran medida en coincidencia de intereses de grupos disímiles. Dependiendo de la evolución de la economía esos intereses pueden o no seguir coincidiendo con los intereses políticos del gobierno; podría haber un efecto cascada de reclamos aprovechando una cierta debilidad para resistir reclamos por parte de las autoridades en un período pre-electoral. La segunda cuestión a considerar es el volumen de la salida de capitales. Los agentes económicos que toman decisiones respecto a la composición de su portafolio tienen bien presente que los desequilibrios se siguen ampliando. Además de lo que crea el gobierno sobre la sostenibilidad de sus políticas de aquí a octubre, importa lo que crean los mercados. Si ocurre un shock adverso –sea político, social o externo– ello se traducirá en mayores dudas sobre la sostenibilidad y, ante la duda, los agentes van a privilegiar la colocación de sus activos en el exterior, como ya ocurrió con el conflicto del campo y durante la crisis por las reservas del Banco Central. En este sentido, el nuevo ninguneo del agro en el discurso no ayuda. Hoy el gobierno no está en condiciones de resistir una salida de capitales de la magnitud de las observadas durante el conflicto con el campo o con el Banco Central. La razón es simple: debido a la creciente apreciación del tipo de cambio, el superávit comercial que se utilizaba para financiar la salida de capitales está desapareciendo. Por lo tanto, si los agentes votan con el bolsillo y compran dólares, ello necesariamente se reflejará en el precio de la divisa. Si el gobierno impone restricciones a la salida, lo único que probablemente logrará será aumentar la brecha entre el dólar oficial y el no oficial.
Los trabajadores, los pobres, los ahorristas, los productores y los “especuladores” tienen algo en común: deciden de manera descentralizada y su objetivo es resguardar lo mejor posible sus intereses; desde el salario real hasta los ahorros. Nadie que haya leído a Smith se sorprendería ante esta afirmación. Pero probablemente quienes vieron la película Mentes Brillantes sobre la vida de Nash, recuerden la escena en la cual Nash llega a la conclusión de que, después de todo, la mano invisible de Adam Smith no funcionaba tan bien como el gran economista escocés había pensado. El punto central en el argumento de Smith es que, cuando los individuos buscan hacer lo que más les conviene, el resultado también es óptimo para la sociedad. En la visión de Nash, en cambio, seguir lo que es mejor para cada individuo puede o no ser óptimo para la sociedad como un todo: la bondad del resultado depende de las reglas del juego. Es decir, depende de las instituciones que coordinan la acción de esos individuos. Luego de Nash, no hay lugar para la inocencia: las sociedades deben diseñar reglas de juego de buena calidad si es que desean que las acciones particulares de los individuos se transformen en un resultado óptimo para la sociedad. La Presidente en su discurso dio un pequeño paso de acercamiento a Nash: identificó resultados indeseables (usuarios-rehenes; conflictividad en la negociación salarial; pedidos de devaluación) que surgen de reclamos legítimos. Pero el paso resultó corto al estar ausente la mención de lo que es la más clara personificación de nuestra falla en la acción colectiva: la inflación. Asimismo, no hubo referencia a cambios necesarios en las reglas de juego. Ello fue reemplazado por una apelación general a la moderación en los reclamos. Si con esa sola apelación y sin cambiar las reglas de juego, la conflictividad se reduce y la inflación no se desborda, la Presidente habrá encontrado una falla en la lógica de Nash. Pero, claro, probablemente no interesa tanto saber si Nash tenía o no razón sino averiguar si va a tener razón antes o después de las elecciones.
Cada uno con su tema: el G20, Tritchet y Kadhafi
Sin dudas, una fuente importante de incertidumbre que está operando en la economía internacional es la evolución futura del precio del petróleo y los alimentos. El efecto impacto sobre la inflación ya se está sintiendo, pero existen otras consecuencias igual de temibles. Los eventos en el Medio Oriente y el Norte de África podrían colocar el precio del petróleo en niveles que pondrían en peligro la recuperación de la economía internacional que se encuentra en curso. La suba en el precio de los alimentos, por otra parte, genera fuertes tensiones en el plano político muy difíciles tanto de manejar como de predecir. El caso egipcio, por supuesto, es un buen ejemplo. Pero más allá de esto, lo cierto es que vuelven a despertarse los fantasmas respecto de la seguridad alimentaria. De hecho, la seguridad alimentaria tuvo un rol destacado en la última reunión del G20 en París donde hubo una fuerte presión para tomar medidas. Sarkozy, presidente del país a cargo de organizar la reunión del G20, había expresado que apostaba por la regulación de los mercados de materias primas, a los efectos de contar con reglas comunes y una base de existencias común como la que existe en el caso del petróleo, a fin de evitar crisis alimentarias. Los miembros del G20 que podrían verse afectados (Brasil, Argentina, Canadá) tomaron una posición conjunta que fortaleció su presencia. Una buena noticia, en este sentido es que nuestro país consensuó su posición con la de Brasil, lo que sería una buena práctica de prolongarse y profundizarse en el futuro.
La aceleración de la inflación ya venía siendo un problema en las economías emergentes que se habían recuperado más rápido que las desarrolladas y, además, estaban recibiendo capitales del exterior debido al exceso de liquidez internacional, asociado con la expansión monetaria en Estados Unidos y el resto del mundo desarrollado. Recientemente, no obstante, la inflación volvió a entrar también en el radar del mundo desarrollado. El presidente del Banco Central Europeo, Tritchet, anticipó que probablemente habrá un aumento alcista de un cuarto de punto en la tasa de interés principal de financiación, que es la referencia para el mercado. De esta forma, las autoridades estarían respondiendo a la aceleración de la inflación que se registró recientemente. Hay que seguir muy de cerca las reacciones del mercado ante este giro en la estrategia. Realmente se trata de una iniciativa que no deja de tener riesgos muy importantes. Hay tres razones relevantes. La primera es que la situación europea muestra una gran heterogeneidad. Mientras Alemania parece estar recuperando terreno de manera bastante sólida, ése no es el caso de los países que enfrentan situaciones de desempleo y desequilibrio fiscal muy severas. De esta forma, lo que podría justificarse para Alemania podría poner a España o Portugal en una situación muy difícil. En segundo lugar, la movida del BCE es difícil de racionalizar desde el punto de vista analítico. En principio, recurrir a instrumentos monetarios es aconsejable cuando las causas de la inflación se asocian con desplazamientos de la demanda agregada (exceso de gasto público, consumo, inversión o exportaciones) que llevan a una situación de sobrecalentamiento de la economía. Cuando el impulso inflacionario se origina en factores de oferta (en este caso aumento del precio de los alimentos y la energía), la acción monetaria es más difícil de justificar. Esto es así porque el aumento de los precios de los alimentos o la energía tiene de por sí un efecto depresivo sobre la demanda agregada y, si la autoridad sube las tasas, la demanda agregada se deprime aún más, presionando sobre el desempleo. En tercer lugar, no queda claro cuáles serán los efectos de la decisión del BCE sobre los desbalances globales. Por ahora, la corrección que se haría es muy pequeña, pero hay analistas que apuestan a más de una corrección. Si ello resulta en una apreciación del euro, Alemania estaría tomando acciones para reducir su superávit de cuenta corriente sin contrapartida similar en el caso de China. Asimismo, Estados Unidos estaría recibiendo un bonus para crear empleo vía exportaciones, mientras los españoles observan su enorme tasa de desempleo.
En este contexto, el G20 en su reunión de París del 18-19 de febrero no hizo grandes aportes a la coordinación internacional. Se sigue discutiendo la cuestión del establecimiento de indicative guidelines para variables macro, pero no hubo acuerdo. De hecho, Blanchard –economista líder del FMI– en un trabajo reciente es muy poco optimista sobre la posibilidad de establecer esos guidelines en el caso de la cuenta corriente.