Ciertas acciones llevadas a cabo por el gobierno en los últimos días indican que existe una preocupación creciente por el problema más serio que enfrenta la economía en el presente: la alta inflación. Sobresalen en este sentido las iniciativas de la Secretaria de Comercio obligando a ciertas empresas a revertir aumentos de precios y el intento de presionar sobre las consultoras privadas que elaboran índices de inflación alternativos a los poco creíbles índices del INDEC.
Por supuesto, la preocupación del gobierno está plenamente justificada: según las distintas mediciones privadas la inflación del año pasado se ubicó entre el 23% y el 26%. Un dato inquietante adicional es que el rubro alimentos lideró cómodamente la aceleración inflacionaria y esa tendencia no muestra indicios de revertirse: según el índice de FIEL, en enero la canasta básica de alimentos experimentó un aumento del orden del 2%. Un aumento de la canasta de esta magnitud impacta de manera marcada sobre los niveles de pobreza e indigencia, deteriora el poder de compra de los salarios y pone en tela de juicio la viabilidad de la estrategia que el gobierno viene implementando: contar con un nivel de actividad lo más alto posible en un año electoral, aún a costa de agravar las distorsiones de precios relativos (tipo de cambio real, energía y transportes).
Es improbable que el alza en el valor relativo de los alimentos ceda en el corto plazo. Hay presiones internacionales muy fuertes asociadas con este rubro. El índice de precios de alimentos de la FAO se está ubicando ya por encima de los guarismos máximos registrados en junio 2008, cuando se temió una crisis alimentaria. Los ítems que lideran la presión son cereales, oleaginosas y azúcar. Todos productos que nuestro país produce y que directa o indirectamente tienen incidencia en la canasta. De aquí que sea fácil conjeturar que la Secretaria de Comercio seguirá teniendo incentivos para intervenir de forma discrecional en la formación de precios. Una inflación alta y focalizada en alimentos podría exacerbar la conflictividad social, bajo la forma de conflictos sociales y laborales (piquetes, ocupaciones, huelgas).
En un contexto económico de expansión de la demanda privada y del gasto público como el que se espera para 2011, los sectores sindicalizados cuentan con capacidad suficiente como para defender su poder adquisitivo. Por la misma razón, muchas empresas –sobre todo las que cuentan con mayor poder de mercado o que actúan en sectores protegidos, como servicios– estarían en condiciones de pasar los mayores costos salariales a los precios. Los sectores informales no sindicalizados y los que dependen de subsidios del gobierno, en cambio, encontrarán serias dificultades para mantener su capacidad de compra.
buy cialis professional cialis with next day delivery get cialis without prescriptions buy cheap cialis softtabs Un escenario de alta inflación con fuerte puja distributiva entre sindicatos, por un lado, y empresas y entes del gobierno por otro, podría más que compensar –en el plano de las sumas y restas de la política– los efectos benéficos del crecimiento en el nivel de actividad que el gobierno busca decididamente por la vía de la expansión fiscal y monetaria. Este escenario tiene el ingrediente adicional de que se ampliaría la brecha de ingresos entre pobres y sectores sindicalizados.
Es probablemente la anticipación de un escenario de estas características lo que llevó a la Presidenta a pedir que las protestas callejeras se hagan “en la vereda”, sin interrumpir el tránsito. Claro que, sin políticas específicas para desactivar las expectativas sobre mayor inflación, es difícil que los actores sindicales y sociales dejen de lado métodos de presión que han sido utilizados de manera sistemática en los últimos años, sin que las autoridades expresaran un desacuerdo abierto. La confirmación de lo difícil que será encauzar la puja distributiva ante la orfandad de políticas que coordinen la macroeconomía vino de la mano de las declaraciones de varios sindicatos y políticos aliados a la conducción de la CGT: bajo las actuales condiciones las negociaciones salariales no tienen “ni piso ni techo”.
Hasta ahora, la reacción del gobierno ante la inflación y la puja distributiva ha estado en línea con las estrategias que siguió en los últimos años: medidas discrecionales (como la intervención en los mercados de exportación e importación y los controles de precios) y rezago en el ajuste del tipo de cambio nominal. Más allá de si el gobierno mantiene este esquema o “modelo” por convicción, lo cierto es que no podría cambiar su política anti-inflacionaria sin introducir adicionalmente cambios de relevancia en el rumbo del resto de sus políticas económicas.
Esta aseveración se basa en un hecho simple: aún si desearan firmemente enviar señales creíbles de control de la inflación, las autoridades no cuentan con instrumentos para cumplir con ese objetivo. Los instrumentos fiscales y monetarios que el gobierno tenía a disposición los ha asignado a fines distintos de la inflación. Más específicamente: la política fiscal está determinada por la marcha de subsidios y salarios públicos que, a su vez, son básicamente determinados por la inflación y el objetivo de mantener un alto nivel de actividad. La política monetaria se adapta pasivamente a las necesidades de financiamiento del déficit fiscal. A su vez, el instrumento del tipo de cambio al que sí se recurrió para suavizar la inflación ha sido sobre-utilizado; a punto tal que existe la amenaza cierta de que un incremento desmedido de las importaciones erosione fuertemente el superávit comercial. El significativamente menor saldo comercial de diciembre es un llamado de atención en este sentido y ha dado lugar a la ciclotímica reacción de instrumentar trabas a las importaciones.
Como es sabido, hacer política económica es difícil porque cada objetivo reclama su propio instrumento y la cantidad de instrumentos es siempre muy limitada. Por lo tanto, si el gobierno se decidiera a atacar la inflación seriamente, debería liberar instrumentos que hoy utiliza con otros propósitos, lo que implicaría sacrificar alguno de los objetivos que hoy persigue y redelinear sus estrategias en el campo económico y, posiblemente, político. En efecto, la economía política indica que cada “mezcla” de objetivos e instrumentos reclama su propia coalición específica en el campo de la política. De aquí que bajo cierta configuración de objetivos e instrumentos hay coaliciones que son altamente improbables.
De hecho, lo ocurrido con el pacto social propuesto por el gobierno hacia fines del año pasado es un buen ejemplo en relación con esto. La propuesta de pacto social se desvaneció antes de nacer porque debía asentarse sobre una macroeconomía imposible: es altamente improbable que los representantes de empresas, Estado y trabajadores lleguen a consensos fuertes en un contexto de alto nivel de actividad, ausencia de restricción externa y alta inflación. Con alto nivel de actividad y sin la amenaza del despido, es difícil que los sindicatos acepten el modo “pausa” en sus reclamos de ajustar salarios en función de la inflación, de forma de dar tiempo a que una eventual “tregua” distributiva se refleje en menor inflación. Con alta recaudación tributaria y acceso al financiamiento monetario del Banco Central, el gobierno no tiene incentivos para restringir el gasto y, en particular, corregir distorsiones en los subsidios a la energía y el transporte. Con alto superávit comercial y reservas, tampoco hay motivación para defender el tipo de cambio real. En lo que hace a los incentivos de las empresas, por último, cuando las ventas y los flujos de caja son elevados y el gobierno es renuente a pagar costos políticos para atacar las distorsiones fiscales y de precios relativos, no es realista esperar que las firmas, de forma aislada, adopten una actitud rígida ante los reclamos salariales y paguen los costos del conflicto si les resulta factible tomar una actitud más pasiva, pasando los mayores costos a precios.
Una característica bastante sorprendente de los desequilibrios macroeconómicos –al menos, para quienes no están habituados a su análisis– es que suelen gestarse durante períodos extendidos de tiempo durante los cuales la sociedad parece como adormecida para reaccionar ante la evidente acumulación de tensiones, que suelen tomar forma variada, desde aceleraciones de la inflación hasta burbujas inmobiliarias, excesivo endeudamiento externo o erosión de la competitividad. Sin embargo, cuando se observa la situación desde la perspectiva de cada agente en particular, es usualmente sencillo entender por qué cada uno de los actores carece de incentivos para cambiar las conductas que generan los desequilibrios: bajo las circunstancias existentes, cada actor encuentra motivos suficientes para defender sus intereses de la manera en que lo hace aún cuando sea evidente que el resultado agregado de las interacciones será inconsistente y probablemente llevará a una situación que termine por perjudicar a todos. La puja de precios y salarios originada en el intento de cada sector por proteger su ingreso y que en definitiva termina acelerando la inflación es un buen ejemplo en relación con esto y muy atinente, si se tiene en cuenta que la señal más clara de inconsistencia macroeconómica en la Argentina de hoy es, justamente, la alta inflación.
Por definición, una situación macroeconómicamente inconsistente es insostenible y, por lo tanto, en algún momento se hace necesario encontrar una nueva mezcla de objetivos e instrumentos que permita atacar los desequilibrios existentes. Cuanto más se tarda en atacar el problema, más disruptivo el ajuste. Esto ha ocurrido repetidamente en la Argentina en el pasado y normalmente de forma disruptiva. La buena noticia en relación con esto es que la positiva evolución de una serie de indicadores en el presente –sobre todo en lo relativo a la restricción externa– sugiere que sería posible realizar los cambios de política necesarios para atacar la inflación de una manera menos traumática que lo que indica nuestra historia. Lo que resulta paradojal, no obstante, es que los mismos elementos positivos que facilitarían un ataque a la inflación y las distorsiones de forma ordenada, son también los que han estado haciendo posible que se pospongan las correcciones sin que la macroeconomía se descarrile de forma significativa.
Internacional
Por supuesto, además de los factores domésticos, los eventos internacionales contribuirán a determinar la dinámica de la inflación y la posibilidad o no de posponer las necesarias correcciones de política. Ya se señaló que la presión de origen externo sobre el precio de los alimentos está jugando en contra de la sostenibilidad en el plano distributivo. Pero también hay que tener en cuenta que hay elementos que están jugando muy a favor: el elevado precio de la soja y otras commodities, el apetito por riesgo emergente en un contexto de alta liquidez y la combinación de variables que muestra la macroeconomía brasileña. Dentro de este marco, en el último mes se han producido eventos que merecen destacarse por la influencia que podrían tener sobre la evolución de variables internacionales que son clave para la Argentina.
A diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos meses debido al deterioro en Portugal y España, la noticia internacional más impactante del mes no se originó en Europa sino en el Norte de Africa: luego de 30 años de quietud bajo el duro régimen de Mubarak, Egipto ha entrado en un período de inestabilidad política con final abierto. Egipto es un país de importancia estratégica clave en el Medio Oriente, donde se encuentra buena parte de las reservas de petróleo y gas del planeta. Como lo recordó Roubini, la mayoría de las recesiones globales de las últimas décadas estuvo asociada con eventos que involucraron a esta región.
Si bien una fuerte corrección en el precio del petróleo podría atentar contra la recuperación post-crisis, lo cierto es que hasta ahora los mercados han procesado sin mayores sobresaltos los eventos en Egipto y otros países de la región. Aunque no está claro si esto es una buena o una mala noticia. Con una visión optimista, podría argumentarse que la ausencia de sobre-reacción en los mercados revela tanto la percepción de que Egipto hará una transición política ordenada como el hecho de que la estabilidad financiera global se ha consolidado lo suficiente luego de la crisis. Pero también hay lugar para una visión más pesimista. Los mercados pueden no haber reaccionado demasiado debido a que la excesiva cantidad de liquidez que existe en el ámbito internacional impidió una mayor corrección bajista. Pero, más allá de la interpretación que se haga, no cabe duda que la evolución política de Egipto es uno de los factores a monitorear.
Un segundo punto a destacar es que Estados Unidos sigue firme en su estrategia de expandir la liquidez y ganar competitividad como formas de crear empleo, independientemente de los temores sobre una reacción lenta de la FED ante una probable aceleración de la inflación y las quejas de los emergentes respecto de que el exceso de liquidez induce ingresos excesivos de capital en sus economías, presionando sobre el tipo de cambio y la competitividad. La convicción respecto de mantener el rumbo actual quedó muy clara en una seguidilla de presentaciones hechas por las máximas autoridades del gobierno norteamericano en diferentes foros. En el tradicional Discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Obama indicó que Estados Unidos peleará la guerra de competitividad tratando de acelerar fuertemente sus exportaciones en los próximos cinco años. El presidente se refirió explícitamente a China, India y Alemania como los competidores a tener en cuenta. La referencia a Alemania es llamativa. Si bien por un lado su economía creció un admirable 3.6% en 2010, lo hizo después de caer un 4.7% en 2009 y, además, ese país enfrenta serios problemas como líder de la UE. Por ejemplo, no está resultando sencillo el rediseño del fondo de ayuda de 440.000 millones de euros, de forma de hacer de él una herramienta útil para ayudar a los países de la unión monetaria asfixiados financieramente.
Ben Bernanke, a su vez, aprovechó su disertación en el National Press Club para enviar un claro mensaje a los países emergentes que expresan disgusto sobre las “externalidades” negativas que genera la expansión cuantitativa. Bernanke expresó que esos países no deberían quejarse del exceso de liquidez ya que cuentan con las herramientas para manejar las consecuencias de la expansión en la oferta de dólares: pueden recurrir a la política monetaria y ajustar el tipo de cambio con flexibilidad. Claro que es justamente esto último lo que los países emergentes quieren evitar: sentarse a mirar pasivamente cómo van perdiendo en la “guerra de monedas” como consecuencia del exceso de liquidez de dólares. De aquí que se vuelva a hablar con insistencia de utilizar controles sobre los movimientos de capital y otras herramientas heterodoxas para proteger la competitividad.
Brasil es un buen ejemplo de esto último. Las autoridades están muy activas luchando contra las consecuencias de los excesos de liquidez que aceleran la inflación y aprecian la moneda. Ante una inflación que está bien por encima de la meta (4.5%), el Banco Central elevó las tasas de interés por arriba del 11%. Si bien esta medida apunta a poner en caja la inflación, lo cierto es que tiene el efecto colateral negativo de incentivar la entrada de capitales y presionar al alza el real, cuando ya la competitividad está deteriorada. Por ello las autoridades implementaron medidas orientadas a contrarrestar ese efecto. Se instrumentaron por primera vez operaciones de forwards de divisas en subastas, además de las ya conocidas intervenciones directas en mercados spot, compras de dólares a futuro vía swaps y aumentos de encaje.
Geithner, por último, planteó en el Foro de Davos que a pesar de la recuperación, los problemas para generar empleo subsisten. Todas estas declaraciones, por otra parte, no son fruto de ningún capricho: los últimos datos sobre empleo en los Estados Unidos fueron menos positivos que lo esperado e indican que persisten las dificultades para generar puestos de trabajo. Si bien el desempleo cayó levemente, ello se debió a que la oferta de trabajo se redujo en más de 500.000 personas; la creación de empleo fue muy baja, la menor en los últimos cuatro meses.
En suma, si bien la economía global sigue creciendo y el FMI elevó su proyección para el año (4.4%, con los emergentes liderando con un 6.5%, y los avanzados manteniendo un razonable 2.5%) está claro que habrá mucho por discutir sobre la coordinación monetaria y financiera internacional en la próxima reunión ministerial del G20, a mediados febrero.