Las expectativas sobre la evolución futura de la economía internacional se han deteriorado de manera marcada en el último mes, de la mano del agravamiento de la situación financiera europea. Los premios de riesgo sobre la deuda de España e Italia llegaron a niveles récord e incluso Alemania encontró poco apetito por su oferta de bonos en los mercados. De hecho, la situación se ha deteriorado tanto que difícilmente la solución pueda lograrse sin cambios muy significativos en el marco institucional de la Eurozona y, probablemente, de la Unión Europea. Cualquier cambio de magnitud en la institucionalidad del euro, si afecta la soberanía de los países miembros, podría despertar sentimientos anti-integración que ya existen en países de la UE como Inglaterra. Estos hechos están indicando, en suma, que los problemas económicos y financieros se han agudizado a tal punto que hoy el protagonismo lo tiene la política.
No sorprende que sea el turno de la política: Europa debe rediseñar sus instituciones y, como los avances más recientes en economía institucional lo indican, es el sistema político el que tiene a su cargo diseñar las instituciones. Por supuesto, el problema es que si las respuestas institucionales tardan en llegar porque los actores políticos no se ponen de acuerdo, los efectos económicos pueden ser devastadores: el juego de la economía sólo puede funcionar si hay reglas de juego creíbles y claramente definidas. Cuando este no es el caso, la reacción de los agentes es evitar realizar transacciones y ello se traduce en caídas muy fuertes de la liquidez primero y del nivel de actividad después. Pasó a fines de 2008 y podría volver a pasar. De hecho ya se observan problemas importantes de liquidez que están afectando a los bancos europeos, que enfrentan dificultades para colocar sus bonos y para prestarse entre sí. Es el tiempo de la política, pero la política tiene poco tiempo; de aquí que haya enormes expectativas puestas sobre la próxima reunión cumbre de Bruselas.
El problema de la falta de claridad en las reglas de juego, no obstante, no es un problema sólo europeo. Durante los últimos dos meses el gobierno argentino también ha introducido una enorme cantidad de cambios en las reglas de juego, desde las normas para comprar dólares hasta las que rigen las importaciones y los subsidios. Un punto que agrega incertidumbre es que los cambios en las reglas muchas veces se hacen vía “sugerencias” y sin ser explicitados. Pero más allá de esto, los efectos serán, probablemente, los previstos por el análisis institucional: caída en las transacciones y en el nivel de actividad. La inestabilidad en las reglas de juego no ayuda en un contexto en que la economía ya enfrenta un panorama complicado en lo que hace a inflación y nivel de actividad para el año entrante debido a los ajustes en los subsidios, la menor liquidez y una situación internacional enrarecida.
Cambiar el relato
Durante el último mes se han observado cambios de gran importancia en el discurso económico del gobierno, en consonancia con el deterioro en las expectativas. El cambio de mayor relevancia es que las autoridades, empezando por la presidenta, han empezado a reconocer que existen síntomas importantes de desequilibrio en la economía; síntomas que habían sido repetidamente señalados por los analistas y sistemáticamente negados por las autoridades. Así, se volvió a utilizar la palabra inflación y se reconoció el hecho evidente de que los subsidios están mal asignados.
El hecho de utilizar o no ciertas palabras podría parecer sólo una cuestión de retórica y, sin embargo, no lo es. Las autoridades y los intelectuales que apoyan a la actual gestión han postulado repetidamente la hipótesis de que la realidad política no es independiente de cómo se la relata. Es más, en la visión del gobierno el relato parece tener una importancia tal que, aún en un contexto en que la salida de capitales y la caída de depósitos en dólares amenazaban con generar desequilibrios muy difíciles de manejar, se encontró un espacio de tiempo para fundar un instituto cuya misión es revisar la forma en que nuestra historia ha sido relatada. A la luz de esta evidencia, parece natural interpretar que si las autoridades han cambiado el relato es porque esperan que ello de alguna manera tenga efectos reales sobre la economía. Además, lo cierto es que sus acciones han estado en línea con las palabras: se puso en marcha un plan de eliminación de los subsidios y se observan cambios en la actitud hacia los sindicatos y hacia el mundo empresario que sugieren que el gobierno podría en el futuro tomar una posición más activa en la coordinación de precios y salarios.
A pesar de estos hechos, no queda aún para nada claro cuál será el contenido específico del nuevo relato. Esto se debe, fundamentalmente, a que el reconocimiento de ciertos síntomas no se ha traducido en un diagnóstico de cuál es la enfermedad que los provoca y sólo llevó a tomar medidas aisladas orientadas a atacarlos de forma parcial. El nuevo relato ha incorporado la expresión “sintonía fina” y la ha colocado en un lugar central. Pero la verdad es que las correcciones fiscales y monetarias que el gobierno está introduciendo, por su magnitud están bastante lejos de lo que los manuales de economía definen como sintonía fina y mucho más cerca de lo que suele definirse como “plan de estabilización”. Más allá de esto, hasta hoy la forma en que se está articulando el relato está más cerca de las técnicas utilizadas por Faulkner en el “Sonido y la furia” que de los recursos más clásicos de un Balzac. Este estado de indefinición en el contenido del relato está teniendo consecuencias económicas muy concretas. Por una parte, potencia la incertidumbre, que ya venía aumentando como consecuencia del deterioro de la situación en Europa y, por otra, le quita efectividad a las medidas de corrección que se están tomando ya que se pierden los efectos de sinergia que todo plan bien coordinado genera. Entre los efectos que se destacan en este sentido vale citar los siguientes.
La tasa de interés ha aumentado de forma significativa y se observan signos de tensión en los mercados de crédito. Si bien es cierto que sería muy difícil evitar la dolarización de los portafolios sin un aumento de las tasas de interés que estaban en terreno negativo, lo cierto es que si no se coordina la corrección de los desequilibrios fiscales con las medidas en el plano monetario, el resultado será que todo el peso del ajuste caerá sobre la tasa de interés y la disponibilidad de crédito. Si esta falta de coordinación no se corrige, los efectos sobre el nivel de actividad pueden ser muy severos: en buena medida, el incremento del consumo que sostuvo el crecimiento reciente estuvo motorizado por el crédito barato. De hecho ya se está observando un cierto enfriamiento en la marcha del producto industrial y los exportadores encuentran más complicado financiarse debido a la caída en la oferta de crédito. La caída de depósitos en dólares se desaceleró, pero no fue gratis: hay más iliquidez y dinero más caro.
Un segundo efecto negativo que está teniendo la ausencia de un diagnóstico completo es que los actores sociales tienen incentivos para tomar posiciones muy defensivas ante la incertidumbre sobre lo que puede venir. Este hecho es evidente en relación con los sindicatos, que ya anticiparon que no aceptarán pautas de negociación –como las de un techo del 18%– orientadas a reducir la dinámica inflacionaria. Asimismo, es de esperar que al avanzar los ajustes fiscales se abra un frente de negociación con los gobernadores. Probablemente, si el gobierno aprovechara la oportunidad que se le abre con la nueva asunción presidencial para presentar un programa consistente y completo, podría reforzar su posición en las negociaciones que serán necesarias para coordinar y reducir las expectativas inflacionarias.
Un tercer problema asociado con la implementación de correcciones inconexas es que no favorecen la inversión privada. Las medidas de corrección de subsidios y la austeridad monetaria que es necesaria para desincentivar la salida de capitales y mantener la inflación bajo control repercutirán negativamente sobre la demanda agregada y, por ende, las autoridades deberían buscar formas alternativas para incentivar la demanda. En particular, no deberían desaprovechar ninguna oportunidad para dar incentivos a la inversión privada que es un componente fundamental de la demanda. El primer paso obvio para promover la inversión debería ser el de explicitar cuál es el marco macroeconómico que se busca consolidar (objetivos de inflación, pautas monetarias y fiscales) y, el segundo, coordinar el proceso de eliminación de los subsidios con la corrección en los marcos regulatorios de forma de aprovechar la oportunidad para atraer inversiones en energía e infraestructura. Hasta ahora, la forma que está tomando el método de eliminación de subsidios está muy lejos de esto.
El gobierno está buscando generar demanda para las empresas nacionales con otro método: volver a la sustitución de importaciones por la vía de la represión de hecho de las importaciones y por medio de incrementos en los aranceles de manera coordinada en el marco del MERCOSUR. Esto último fue acordado en la reciente reunión de nuestra presidenta con la del Brasil. Se trata de un método que también tiene riesgos: en la medida que no es posible sustituir importaciones de la noche a la mañana, esta estrategia podría acelerar la inflación al reducir la oferta en un contexto en que la misma ya tenderá a aumentar debido a las correcciones de tarifas y tipo de cambio. Un riesgo adicional es que las medidas restrictivas de Brasil y la Argentina afectarán en primer lugar a las importaciones desde China y ese país podría tomar represalias, como ya lo hizo en el pasado reciente. En un contexto en que el precio de la soja ha mostrado cierto deterioro, exponerse a este tipo de riesgos no parece lo más conveniente.
Europa: el tiempo de la política
La situación de Europa dejó de agravarse en la última semana y hubo ciertas subas en las bolsas luego de que los bancos centrales de los países más avanzados se comprometieran a colaborar de manera decidida para evitar una crisis de liquidez y la líder alemana expresara la voluntad de seguir avanzando en la consolidación de la integración fiscal. El respiro de los mercados, no obstante, lejos de representar un punto de quiebre debe interpretarse como un simple compás de espera: como dijimos, es el tiempo de la política y, por lo tanto, todo está supeditado a lo que ocurra en la reunión cumbre de Bruselas.
El nudo de la cuestión institucional a resolver es la de brindar un nuevo esquema de reglas de juego presupuestario que sea consistente con la existencia de una moneda única. Las alternativas en juego son mantener el euro blindándolo con reglas fiscales más severas que implicarían la cesión de soberanía; recurrir al Banco Central Europeo como prestamista de última instancia; ampliar el fondo de estabilidad financiera y/o recibir aportes extra-zona vía FMI; o dividir de alguna forma la zona euro recurriendo, por ejemplo, a la creación de un “euro del norte” que utilizarían sólo los países más sólidos como Alemania u Holanda. Cualquiera de estas alternativas o combinación de ellas tiene enormes costos en el plano económico y financiero y son políticamente muy difíciles de digerir.
Cuanto más se avance en el ajuste fiscal, menor será la necesidad de recurrir al Banco Central Europeo, preservándose de esa manera la misión de éste como guardián anti-inflacionario. Alemania defiende, en línea con esto, una estrategia de mucho ajuste fiscal y muy poca expansión monetaria, probablemente con apoyo externo a la Eurozona. Francia está en una posición mucho menos dura y más proclive a descansar en la emisión de moneda como forma de mantener el valor de los bonos soberanos.
La posición alemana tiene dos inconvenientes obvios. El primero es que, para ser creíble, el compromiso fiscal que asuman los estados debe ir acompañado de castigos en caso de incumplimiento y ello implica ceder soberanía. El segundo es que más ajuste implica menos demanda agregada, más desempleo y menos recaudación tributaria y no está claro, por ende, que la solución sea económicamente sensata y políticamente viable. La posición más flexible de Francia y otros estados comprometidos, más propensa a recurrir al Banco Central Europeo como prestamista de última instancia, más allá de que enfrentan limitaciones jurídicas, tiene la ventaja de que no supone una cesión fuerte de soberanía. Sin embargo, el problema es que implica que el BCE verá su balance inundado de bonos de países cuya capacidad de repago está en duda. Si esto se tradujera en una descapitalización del banco, de hecho ello implicaría una socialización de pérdidas que involucraría a todos los europeos, independientemente de si estaban teniendo problemas de deuda o no y, por