El autor analiza logros y fallas a partir del inicio de la construcción democrática del país en 1985 en la búsqueda de un modelo sobre seguridad ciudadana. Las primeras experiencias de política pública y sus resultados, la importancia de pensar la convivencia y la seguridad ciudadana desde una mirada de derechos humanos.
Faroppa sostiene que "la implementación de una política pública sobre seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos debe enfrentar y superar el desafío de resolver las demandas sociales sobre la violencia y la criminalidad sin reiterar las viejas recetas. Esto es evidentemente complejo, ya que se trata de comenzar a aplicar una nueva política con instituciones que no son adecuadas a tal fin. Por ello no hay otra alternativa que ir procesando los cambios en el andamiaje institucional mientras, simultáneamente, se gestiona un nuevo modelo de política sobre seguridad ciudadana".
Este proceso requiere un plan estratégico con metas a mediano y largo plazo, sobre la base de un firme consenso político y social, las grandes líneas estratégicas de la política de seguridad ciudadana deberán comenzar un proceso de cambios apoyado por un plan sometido a permanente evaluación para que su ejecución pueda ser objeto de ajustes o correctivos.