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A través de la técnica de Text Mining el jóven economista Gabriel Palazzo, con la tutoría de Ramiro Albrieu, creó una metodología para la cuantificación de los conflictos sociopolíticos relacionados a la explotación de los recursos naturales mediante la utilización de noticias de periódicos. Como caso de estudio, la investigación se enfoca en los conflictos que acontecieron en Argentina desde 1996 a 2014, procesando 1.758.747 noticias de la prensa argentina.
En palabras del autor, "esto nos dio como resultado un esquema fácilmente extensible al resto de los países de la región que permitió sacar conclusiones sobre la relación entre conflictos sociales y la explotación de recursos naturales en Argentina".
Existe una rica literatura que utiliza la metáfora de la “maldición de los recursos naturales”, relacionando consecuencias negativas en términos económicos y socio-políticos a la riqueza o dependencia de los mismos. Entre otras cosas, los autores de esta literatura sostienen que puede haber una relación entre la abundancia de recursos con malos desempeños en términos económicos, institucionales y en términos de generación de conflictos sociales.
Estas teorías implican grandes desafíos para los gobiernos nacionales de América del Sur, en tanto se trata de países con sus estructuras económicas sesgadas hacia los bienes primarios. Si bien los cambios estructurales en curso han modificado los términos de intercambio relativos y aumentado los beneficios de la explotación de los recursos naturales, poco se sabe (y poco se ha medido) sobre los costos sociales que ello implica.
En este contexto, el presente trabajo se ocupará de recopilar información sobre uno de esos costos: el conflicto sociopolítico. La dificultad radica en que no existen índices que indiquen mayor o menor conflictividad, a menos que se restrinja la identificación a disputas en las cuales haya muertos productos de las mismas. El objetivo es medir conflictividad social en sentido clásico, teniendo en cuenta sucesos en donde las huelgas, paros y disputas políticas, empresariales y gremiales sean tenidos en cuenta en la medición.
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